La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo tras la declaración testimonial de la escribana que intervino en algunas de sus operaciones inmobiliarias. Durante su presentación ante la Justicia, la profesional afirmó que desconoce de dónde provinieron los fondos utilizados por el funcionario para adquirir un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y una propiedad en un country del norte bonaerense.
La escribana Adriana Mónica Nechevenko brindó su testimonio ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en los tribunales de Comodoro Py. Consultada por el origen del dinero utilizado en las operaciones inmobiliarias, la profesional respondió que esa cuestión debía ser aclarada por el propio funcionario. “Eso hay que preguntárselo a él”, sostuvo al ser interrogada por los investigadores.
Uno de los puntos centrales de la investigación se refiere a la compra de un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito. Según lo que trascendió de la declaración judicial, la escribana explicó que la operación no se realizó mediante un préstamo tradicional, sino a través de una compraventa con una hipoteca por saldo de precio.
De acuerdo con esa explicación, dos mujeres —identificadas como jubiladas— habrían permitido que el funcionario pagara aproximadamente 200.000 dólares en cuotas sin interés. La operación habría sido estructurada como un acuerdo privado entre las partes, con un esquema de pagos diferidos que se extendería durante varios meses.
En paralelo, la investigación también analiza la adquisición de una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club. En ese caso, la escribana declaró que la esposa del jefe de Gabinete, Bettina Angeletti, habría obtenido un préstamo cercano a los 100.000 dólares otorgado por otras dos mujeres. El acuerdo, según el testimonio, contemplaría un plan de devolución en 24 cuotas con una tasa de interés cercana al 11%.
Durante su declaración, Nechevenko también señaló que tanto Adorni como su esposa son clientes suyos desde hace varios años, lo que explicaría su intervención en las distintas operaciones inmobiliarias. Sin embargo, evitó profundizar en detalles adicionales sobre la relación profesional con el funcionario.
Otro elemento que generó interrogantes en la investigación es la presencia de la escribana en dependencias de la Casa Rosada en varias oportunidades. Consultada al respecto, la profesional indicó que no brindaría mayores precisiones sobre esos ingresos, argumentando que al jefe de Gabinete “no le gustaría” que se divulgaran los motivos de esas visitas.
Especialistas en derecho administrativo y control patrimonial señalaron que, tratándose de un funcionario de alto rango y considerado una persona políticamente expuesta, las operaciones inmobiliarias deberían contar con declaraciones juradas que permitan identificar claramente el origen de los fondos utilizados. En ese sentido, advierten que la falta de claridad sobre el financiamiento de las propiedades podría derivar en nuevas medidas judiciales.
El caso se suma a otras controversias que en las últimas semanas colocaron al jefe de Gabinete en el centro del debate político y mediático. Las investigaciones periodísticas y judiciales sobre su patrimonio, sus viajes y sus operaciones financieras han incrementado el nivel de escrutinio público sobre su gestión dentro del gobierno nacional.
