Senado desafía al Gobierno y aprueba la designación de una jueza cuyo pliego Milei había intentado retirar
El Senado de la Nación protagonizó una de las sesiones más tensas de los últimos meses al aprobar la designación de María Verónica Michelli como jueza federal, pese a que el Gobierno de Javier Milei había intentado retirar su candidatura días antes. La decisión representó un fuerte revés político para la Casa Rosada y dejó expuestas nuevas diferencias dentro del propio oficialismo.
La magistrada obtuvo el respaldo de una amplia mayoría de la Cámara alta, que aprobó su pliego con 44 votos afirmativos, 18 negativos y dos abstenciones. La votación fue impulsada por sectores de la oposición que decidieron forzar el tratamiento de la candidatura en el recinto, aun cuando el Ejecutivo había manifestado su intención de frenar el nombramiento.
Michelli cuenta con más de tres décadas de trayectoria dentro del sistema judicial y actualmente se desempeña en el ámbito federal de La Plata. Su nombre había sido originalmente incluido por el propio Gobierno dentro de un amplio paquete de designaciones judiciales destinadas a cubrir vacantes en distintos tribunales del país.
La controversia surgió cuando trascendió que la candidata mantiene un vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, quien publicó diversas investigaciones relacionadas con presuntos casos de corrupción y episodios sensibles para la administración libertaria. Tras conocerse ese parentesco, el Ejecutivo intentó retirar el pliego, generando cuestionamientos desde sectores políticos, judiciales y académicos.
La decisión presidencial abrió un intenso debate sobre los límites institucionales del Poder Ejecutivo en los procesos de selección de magistrados. Diversos especialistas consideraron que el intento de frenar la candidatura por razones vinculadas a relaciones familiares podía sentar un precedente preocupante respecto de la independencia judicial y la libertad de prensa.
Uno de los aspectos más llamativos de la discusión fue la posición adoptada por la senadora Patricia Bullrich, quien se distanció públicamente de la postura presidencial. La legisladora anunció que ejercería una objeción de conciencia frente a la decisión del Gobierno y finalmente se abstuvo durante la votación. Incluso puso a disposición su renuncia como jefa del bloque oficialista, aunque esta no fue aceptada.
La actitud de Bullrich dejó al descubierto nuevas tensiones dentro del espacio gobernante, que en las últimas semanas ya había mostrado diferencias internas respecto a estrategias políticas y decisiones institucionales. Analistas consideran que el episodio refleja la existencia de sectores con autonomía creciente dentro de la coalición oficialista.
La aprobación de Michelli se produjo además en el marco de una sesión donde el Senado avanzó con decenas de designaciones judiciales impulsadas por el propio Gobierno. En total, fueron aprobados 74 pliegos correspondientes a jueces, fiscales y defensores oficiales destinados a cubrir vacantes en distintos puntos del país.
Desde el oficialismo intentaron minimizar el impacto político de la derrota y destacaron que el paquete general de nombramientos judiciales logró avanzar. Sin embargo, la situación particular de Michelli adquirió una fuerte carga simbólica debido a que expuso una disputa institucional entre el Poder Ejecutivo y el Senado, además de evidenciar diferencias dentro del bloque libertario.
Ahora el proceso ingresa en una nueva etapa. Distintos constitucionalistas sostienen que, una vez otorgado el acuerdo del Senado, corresponde al Poder Ejecutivo formalizar la designación mediante la firma del decreto correspondiente. Una eventual negativa podría abrir una controversia jurídica de gran magnitud y derivar en nuevos cuestionamientos institucionales.
La resolución del caso representa uno de los episodios políticos más relevantes de las últimas semanas y vuelve a poner en el centro del debate la relación entre el Gobierno, el Congreso y el Poder Judicial. En un contexto de creciente polarización, la aprobación de Michelli se transformó en una señal de que la Casa Rosada no siempre logra imponer su voluntad en el Parlamento, incluso en temas que involucran directamente a su propia agenda institucional.
