El sector farmacéutico de La Rioja se encuentra en estado de alerta ante una combinación de factores que, según sus representantes, están poniendo en riesgo tanto la sostenibilidad económica de los comercios como la salud pública de los ciudadanos. La presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Silvia Brizuela, denunció un fuerte retraso en los pagos por parte del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y advirtió sobre el avance de un mercado ilegal de medicamentos que opera sin controles sanitarios efectivos.
En una entrevista reciente, Brizuela subrayó que la obra social acumula cuatro quincenas de atraso en sus pagos, con demoras que en algunos casos alcanzan hasta 41 días, lo que provoca serias dificultades para las farmacias de cercanía a la hora de reponer sus stocks y mantener sus operaciones habituales. Este desfasaje financiero se registra en un contexto de fuerte presión sobre los costos operativos, incluida la energía eléctrica y los insumos básicos para la atención farmacéutica.
La preocupación por la deuda de PAMI no es exclusiva de La Rioja, y otros colegios farmacéuticos provinciales ya habían alertado sobre situación similares en distintos puntos del país, donde los atrasos en los pagos de la obra social impactan en la capacidad de los establecimientos para sostener la provisión de medicamentos esenciales.
A este desafío económico se suma un fenómeno que las autoridades del sector califican como aún más peligroso: la venta de medicamentos a través de redes sociales y otras plataformas sin intervención profesional, lo que constituye, en su opinión, una forma de ejercicio ilegal de la profesión farmacéutica. Brizuela explicó que muchos de estos productos que circulan fuera de los canales autorizados son presumiblemente robados, adulterados o directamente ilegítimos, lo que representa un riesgo sanitario grave para quienes los adquieren sin receta ni supervisión.
La falta de controles efectivos por parte de los organismos competentes fue otro de los aspectos resaltados por el Colegio de Farmacéuticos, que ya elevó propuestas concretas al Ministerio de Salud provincial para la creación de una comisión de fiscalización especializada. Según Brizuela, la intervención estatal es imprescindible para frenar la expansión del mercado negro de medicamentos y garantizar que los productos que se consumen hayan pasado por los protocolos y estándares de seguridad necesarios.
El impacto de estos factores no se limita únicamente al plano económico de las farmacias. La presidenta del Colegio alertó que la crisis afecta de lleno a los jubilados y pensionados afiliados a PAMI, quienes enfrentan una reducción de las coberturas y una menor capacidad adquisitiva de sus tratamientos. En muchos casos, los adultos mayores se ven obligados a comprar medicamentos con cuenta corriente o a buscar alternativas que ponen en tensión su acceso efectivo a la atención sanitaria.
Desde una perspectiva institucional, la situación abre un debate más amplio sobre la eficacia de la gestión de la obra social más grande del país y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sanitario y financiero. La falta de pagos puntuales a prestadores y proveedores, así como la proliferación de canales de comercialización fuera de la normativa vigente, exponen tensiones entre la demanda de servicios de salud y la capacidad de respuesta del Estado en un contexto de complejidad económica.
El sector farmacéutico local, por su parte, busca articular con autoridades provinciales y nacionales para revertir estas tendencias. La creación de instancias de control más eficaces y la normalización de los pagos de PAMI aparecen como condiciones urgentes para asegurar la continuidad de la atención farmacéutica en la provincia y la protección de la salud de sus habitantes, especialmente de los adultos mayores más vulnerables.
