El Gobierno nacional oficializó la eliminación del derecho antidumping para las zapatillas deportivas desmontadas provenientes de China, en una decisión que redefine la política comercial del sector y abre un nuevo escenario para la industria del calzado. La medida, formalizada a través de la Resolución 531/2026, apunta a reducir costos, ampliar la oferta y generar un impacto directo en los precios al consumidor.

El cambio normativo implica que este tipo de calzado —importado en partes o kits para ensamblar— queda excluido del valor mínimo de importación que regía desde 2021. Hasta ahora, existía una barrera que fijaba un precio FOB mínimo por par, lo que encarecía el ingreso de productos y funcionaba como protección para la industria local.

Desde el Ejecutivo sostienen que la eliminación del antidumping responde a un “cambio de circunstancias” en el mercado del calzado. El diagnóstico oficial indica que el esquema vigente había dejado de ser funcional para el desarrollo del sector, especialmente en el segmento deportivo, donde existe una brecha tecnológica entre la producción local y la internacional.

Uno de los ejes centrales de la medida es su impacto en los costos. Al permitir el ingreso más barato de componentes importados, se reduce el precio de los insumos utilizados por empresas radicadas en el país. Esto, según fuentes oficiales y del sector, podría trasladarse a una baja en los precios finales de las zapatillas, en un mercado altamente sensible al consumo masivo.

En términos productivos, la decisión no implica una apertura total del mercado, sino un cambio en el modelo industrial. El foco se traslada hacia un esquema de ensamblado local: las empresas importan partes desde China y completan el proceso productivo en Argentina, generando valor agregado interno estimado en torno al 20%.

Este enfoque fue impulsado, paradójicamente, por actores clave de la industria. Empresas como Puma y Topper promovieron la revisión del sistema, al considerar que el antidumping encarecía sus costos y limitaba su competitividad. La medida refleja así una reconfiguración del vínculo entre protección estatal e intereses empresariales.

Desde una perspectiva económica, la eliminación del antidumping busca introducir mayor competencia en el mercado. El Gobierno sostiene que ampliar la oferta y facilitar el acceso a productos importados contribuirá a dinamizar el sector, mejorar la calidad disponible y generar presión a la baja sobre los precios.

Sin embargo, la medida también abre interrogantes sobre su impacto en la industria nacional. Si bien el esquema de ensamblado permite sostener parte de la producción local, sectores más tradicionales del calzado podrían enfrentar mayores dificultades frente a una competencia externa más flexible y menos costosa.

En el plano político, la decisión se inscribe en una estrategia más amplia de apertura selectiva de la economía, donde el Gobierno busca equilibrar la reducción de precios con el sostenimiento de la actividad productiva. Este enfoque combina elementos de liberalización comercial con mecanismos de integración industrial.

Asimismo, la resolución no elimina completamente las barreras al calzado importado. La medida se limita a un segmento específico —el calzado deportivo desmontado— mientras que otros productos continúan bajo protección, lo que evidencia un criterio diferenciado dentro de la política comercial.

Finalmente, el impacto real de la eliminación del antidumping dependerá de su traslado efectivo a los precios y de la capacidad de la industria local para adaptarse al nuevo esquema. La medida inaugura una etapa de transición en el sector, donde la competencia, la innovación y la estructura de costos definirán el nuevo equilibrio del mercado del calzado en Argentina.