El Gobierno de La Rioja confirmó que aceptará un adelanto de fondos de coparticipación federal ofrecido por la administración nacional, en un intento por aliviar la situación financiera de la provincia en medio de un contexto económico complejo. La asistencia consiste en un crédito que tendrá una tasa de interés anual del 15% y un período de gracia de seis meses antes de comenzar su devolución.
La propuesta fue comunicada al gobernador Ricardo Quintela por el Ministerio del Interior de la Nación, encabezado por Diego Santilli, en el marco de una política de asistencia financiera destinada a provincias que atraviesan dificultades para sostener sus cuentas públicas. Según explicó el mandatario riojano, el ofrecimiento se presentó sin condicionamientos políticos ni exigencias adicionales por parte del Gobierno nacional.
El mecanismo de asistencia se basa en un adelanto de recursos que forman parte de la coparticipación federal que corresponde a la provincia. En términos operativos, el dinero será entregado de manera anticipada y posteriormente devuelto a través de descuentos automáticos sobre los futuros envíos de coparticipación que realiza la Nación a la provincia.
La devolución de esos fondos comenzará luego del período de gracia de seis meses, lo que permitirá al gobierno provincial contar con un margen temporal para reorganizar sus cuentas. De acuerdo con lo informado por las autoridades, la tasa del 15% anual fue considerada relativamente accesible en comparación con las condiciones del mercado financiero actual.
En el plano fiscal, el adelanto busca dar respuesta a las dificultades que atraviesan las provincias frente a la caída de ingresos y a la reducción de transferencias discrecionales por parte del Estado nacional. En ese contexto, el gobierno riojano señaló que la prioridad es garantizar el funcionamiento de áreas esenciales de la administración pública.
Entre los objetivos centrales de la medida figura asegurar el pago de salarios y aguinaldos de los trabajadores estatales, además de sostener la prestación de servicios básicos como salud, educación y seguridad. Las autoridades provinciales advirtieron que la restricción de recursos ya comienza a impactar en la capacidad operativa del Estado.
Asimismo, desde la administración de Quintela señalaron que el deterioro de las cuentas públicas también afecta la ejecución de obras públicas, muchas de las cuales se encuentran paralizadas debido a la falta de financiamiento. En ese marco, el adelanto de coparticipación aparece como una herramienta transitoria para sostener el funcionamiento del aparato estatal.
En paralelo, el gobierno provincial había planteado previamente la necesidad de acceder a un adelanto cercano a los 85.000 millones de pesos, una cifra equivalente aproximadamente al costo de una masa salarial mensual del sector público provincial. La expectativa oficial es que la asistencia permita atravesar el año con mayor previsibilidad financiera.
El acuerdo se inscribe en un escenario de tensión fiscal entre la Nación y las provincias, marcado por reclamos sobre la distribución de recursos y el impacto del ajuste económico en las administraciones locales. En ese contexto, el adelanto de coparticipación se presenta como una herramienta de emergencia que busca contener los efectos de la crisis en las finanzas provinciales.
