El Gobierno prepara cambios en el PAMI para 2026: licitaciones, ahorro en medicamentos y más controles

El Ejecutivo argentino anunció que prepara una “reformulación” del PAMI para 2026, centrada en mejorar los procesos de licitación, reducir el costo de los medicamentos y reforzar los controles internos del organismo que atiende a casi cinco millones de jubilados y pensionados.

¿Qué se propondrá en el PAMI?

• El 80 % del presupuesto del PAMI continuará destinado a prestaciones médicas y medicamentos, lo que subraya que este rubro sigue siendo central.

• Se impulsará una revisión de las licitaciones para mejorar los precios de los insumos, medicamentos y la provisión de pañales para adultos mayores, con ahorro estimado en miles de millones de pesos.

• La cobertura del 100 % en medicamentos —que había sido recortada en ciertos fármacos— se busca mantener con una mayor focalización y trazabilidad de la entrega.

¿Por qué estos cambios?

• El organismo enfrenta un déficit estructural, y aunque se espera una mejora económica en 2026, se considera que la obra social no puede seguir con las mismas prácticas sin ajustes.

• La iniciativa del Gobierno también responde a la intención de dar señales al mercado y a los prestadores de salud de que se busca una gestión con mayor eficiencia, menor discrecionalidad y menos influencia partidaria.

Riesgos y puntos críticos

• La reforma tiene que explicitar con claridad qué medicamentos seguirán con cobertura total y cuáles podrían quedar con copago o supresión, para evitar perjuicios a los afiliados.

• Mejorar licitaciones no solo depende de buen diseño, sino también de competencia, transparencia en los procesos y control de posibles sobreprecios.

• Las expectativas del PAMI de lograr “autosustentabilidad” o menor dependencia de transferencias estatales pueden chocar con la realidad demográfica, la elevada demanda de prestaciones y los costos crecientes en salud.

Los anuncios sobre la reforma del PAMI para 2026 reflejan una etapa de transición donde el Estado busca combinar cobertura social con sostenibilidad financiera. Si bien los buenos propósitos están claros —ahorro en insumos, mayor control, licitaciones más eficientes—, el verdadero examen estará en la implementación, en cómo se traducen los cambios en mejoras tangibles para los jubilados y en que no se conviertan en recortes encubiertos. Para el Gobierno, el desafío es equilibrar la eficiencia con la protección social; para los afiliados, resistir que la ecuación se transforme en menor servicio por menor costo.