Milei favorece a las empresas distribuidoras eléctricas: reclama US$ 3.600 millones al Estado por tarifas congeladas

En el proyecto de presupuesto 2026, el Gobierno nacional habilitó que las compañías distribuidoras de electricidad reclamen compensaciones retroactivas por los periodos de congelamiento tarifario. El artículo 74 de la ley vinculada permite que las distribuidoras exijan al Estado lo que no cobraron.

¿Qué prevé la medida?

• El artículo 74 establece que, con intervención de la Secretaría de Energía y los entes reguladores provinciales, se podrá determinar la “diferencia de ingresos percibidos por las distribuidoras” en ejercicios donde hubo legislación de emergencia tarifaria, comparado con lo que deberían haber cobrado según sus concesiones.

• Las estimaciones oficiales citadas superan los US$ 3.600 millones, sumando las principales compañías nacionales, provinciales y municipales.

• Las entidades de defensa de usuarios advierten que ese reconocimiento implicaría una transferencia de costos al Estado, que podría derivar en nuevas subas tarifarias para los hogares.

¿Por qué es significativo?

• La medida se enmarca en la estrategia de liberalización energética de Milei: junto con la privatización de hidroeléctricas, se avanza en el reconocimiento de derechos de las empresas de servicios.

• Permite que las distribuidoras reclamen judicialmente, incluso ante instancias internacionales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), lo que representa un riesgo fiscal.

Riesgos y críticas

• La transferencia de esa carga al Estado podría implicar nuevas alzas tarifarias, lo que repercute directamente en los hogares más vulnerables.

• Las organizaciones de usuarios consideran que el reconocimiento de deudas “es abusivo y desproporcionado”, que vulnera el régimen de emergencia pública en materia tarifaria.

• Desde el Gobierno se espera que esto genere señales de estabilidad para el sector eléctrico y para el clima de inversión, pero el reto será evitar que el ajuste recaiga sobre los consumidores.

La decisión del Gobierno de Javier Milei de habilitar compensaciones para las distribuidoras eléctricas representa un giro importante en la política tarifaria argentina. Si bien apunta a dar previsibilidad al sector, también abre interrogantes sobre quién va a pagar esa factura: el Estado, las empresas o el usuario final.
El desafío será equilibrar las lecturas económicas —reconocimiento de inversiones, reparación de costos— con la justicia social: que las tarifas no se conviertan en una carga mayor para quienes menos pueden pagar.