Tres décadas después de la explosión, la reparación en Río Tercero llega tarde y de manera incompleta

A casi treinta años del siniestro en la planta militar de Río Tercero, la reparación comprometida por el Estado argentino comienza a aparecer, pero aún es parcial y deja a muchos damnificados fuera del cobro. A pesar de los avances recientes, el abogado representante advierte que el derecho a la justicia sigue pendiente.

El origen y la demora
En 1995, la explosión ocurrida en la fábrica militar de Río Tercero dejó un saldo de víctimas, heridos y daños materiales severos en la ciudad de Córdoba. Desde entonces, los afectados han reclamado una reparación adecuada que abarque daños psicológicos, físicos y materiales. Actualmente, según la nota de prensa, aunque el Estado ha comenzado a realizar pagos, sólo “unas 150 personas pudieron ver satisfecha su demanda”, mientras que el resto aún espera.
El abogado Mario Ponce, representante de la mayoría de los damnificados, señaló que el proceso “ha sido un largo camino lleno de trabas burocráticas” y que “el Estado tardó tres décadas en comenzar a pagar”.

Alcance de la reparación y exclusiones
Si bien la sanción de una ley en 2015 permitió avanzar en los pagos de quienes tenían juicios vigentes, la reparación aún no es integral. Según el informe, la cantidad de afectados es mucho mayor que el reducido grupo que ha cobrado, lo que revela una brecha entre la normativa y su implementación real.
Las familias afirman que los daños fueron múltiples: huidas del lugar, pérdida de bienes, efectos en la salud, y reconstrucción de vidas. Ponce relató que “el daño psíquico fue enorme… Hubo familias que debieron autoevacuarse, mudarse y reconstruir su vida desde cero”.

Implicancias sociales y simbólicas
Más allá de la indemnización económica, este caso tiene una carga simbólica fuerte: representa la búsqueda de justicia estatal, responsabilidad y memoria histórica. La demora prolongada pone en cuestión la eficacia del Estado para atender reclamos de larga data y resta credibilidad al sistema de reparaciones.
Para muchos, la frase “reparación” aún suena a promesa incumplida: la percepción de que algunos están siendo pagados y otros siguen excluidos genera desigualdad entre afectados.

El caso de Río Tercero muestra que la reparación institucional puede llegar, pero tarde y con cobertura incompleta. Mientras un pequeño grupo de damnificados ha recibido su indemnización, la mayoría continúa en espera.
El camino hacia una reparación plena implica no sólo pagos, sino también reconocimiento, acompañamiento psicológico, garantía de no repetición y políticas de memoria. En definitiva: la pregunta final no es solo cuándo se pagará, sino cómo se garantizará que todos los afectados sean incluidos.