La provincia de La Rioja enfrenta un nuevo frente judicial internacional luego de que un grupo de bonistas solicitara ante un tribunal federal de Estados Unidos la ejecución de activos provinciales para cobrar una deuda en default. La presentación fue realizada ante el Tribunal de Distrito de Massachusetts y apunta específicamente contra las participaciones accionarias del Banco Rioja y del Parque Eólico Arauco, dos de los activos económicos más relevantes de la administración provincial.
La solicitud fue presentada el 23 de marzo de 2026 por el estudio jurídico Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, que representa a un grupo de acreedores integrado por Beauregarde Holdings LLP, Beauregarde Holdings II LLP y Sandglass Select Fund LP. Estas entidades forman parte del denominado Comité Ad Hoc de Tenedores de Bonos, que reclama el cobro de deuda vinculada a los llamados “Bonos Verdes” emitidos por la provincia.
El conflicto tiene su origen en el incumplimiento de pagos por parte del gobierno riojano. En febrero de 2024, la provincia dejó de abonar 16 millones de dólares correspondientes al capital de esos bonos, que tenían una tasa cercana al 8,5% y vencimiento previsto para 2028. A partir de ese primer incumplimiento se acumularon otros cuatro pagos semestrales impagos, lo que profundizó el conflicto con los acreedores.
Tras ese escenario de default, los bonistas acudieron a la Justicia estadounidense y obtuvieron dos sentencias firmes contra la provincia. La primera fue dictada en septiembre de 2024 y la segunda en julio de 2025 por el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York. Ambas resoluciones reconocieron el reclamo de los acreedores y habilitaron la búsqueda de activos provinciales para ejecutar la deuda.
Posteriormente, esas sentencias fueron registradas en el estado de Massachusetts, jurisdicción elegida por los demandantes para avanzar con la ejecución de bienes. Según los documentos presentados ante la corte, los bonistas sostienen que el Banco Rioja y el Parque Eólico Arauco son activos comerciales de propiedad provincial que podrían ser utilizados para cancelar la deuda.
Uno de los puntos centrales del planteo judicial es la discusión sobre la inmunidad soberana. De acuerdo con la legislación estadounidense, los bienes destinados al ejercicio de funciones estatales no pueden ser embargados. Sin embargo, los acreedores argumentan que las empresas provinciales señaladas no cumplen funciones soberanas estrictas, sino que operan como compañías comerciales en el mercado, lo que abriría la puerta a su ejecución.
Los demandantes también remarcaron el destino que tuvo el dinero obtenido a través de la emisión de los bonos. Según su presentación judicial, gran parte de esos fondos fue utilizada para financiar proyectos vinculados al Parque Eólico Arauco. Posteriormente, una de las instalaciones fue vendida a una empresa privada por unos 171 millones de dólares, pero esos recursos no se destinaron al pago de la deuda con los inversores.
En caso de que el tribunal estadounidense haga lugar al pedido, la provincia podría verse obligada a transferir sus participaciones accionarias en las empresas mencionadas a los acreedores. Estos tendrían entonces la posibilidad de vender esos activos o administrarlos para recuperar el capital adeudado, lo que implicaría un impacto significativo en la estructura económica provincial.
El proceso judicial abre un escenario inédito para el federalismo argentino, ya que sería la primera vez que una provincia enfrenta la posibilidad concreta de perder activos estratégicos como consecuencia de un litigio internacional por deuda impaga. Mientras la causa avanza en los tribunales estadounidenses, el desenlace dependerá de la decisión del juez federal que deberá determinar si corresponde o no ejecutar los bienes reclamados por los bonistas.
