Un grupo de gobernadores peronistas y aliados planificó este 3 de febrero de 2026 una reunión en Buenos Aires con el objetivo de coordinar una postura unificada frente al proyecto de reforma laboral que impulsó el Gobierno nacional, cuyo tratamiento está previsto para avanzar en el Senado a partir del 11 de febrero en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso.
La iniciativa de los mandatarios se da en un contexto de tensión política con la Casa Rosada, ya que la reforma laboral que promueve el presidente Javier Milei incluye, además de cambios en la normativa laboral, modificaciones impositivas vinculadas al Impuesto a las Ganancias, un punto que preocupa a las provincias por el impacto que tendría en sus arcas públicas.
En particular, la reforma contempla una reducción en el Impuesto a las Ganancias, lo que, según los gobernadores, podría implicar un fuerte recorte en los recursos coparticipables que reciben las jurisdicciones provinciales, lo que agrava una caída de fondos que ya viene sufriendo la coparticipación federal.
La reunión tenía como objetivo consensuar criterios y elaborar un documento o posición común antes de que el proyecto comience su discusión en el Senado, aunque fuentes provinciales indicaron que todavía no se había definido el lugar exacto del encuentro y que la convocatoria buscaba sumar a la mayor cantidad posible de mandatarios del Partido Justicialista (PJ) y fuerzas afines para fortalecer la voz federativa frente al debate legislativo.
El eje de la preocupación de los gobernadores peronistas no es solamente la reforma laboral en abstracto, sino el capítulo impositivo asociado a Ganancias, ya que la menor recaudación proyectada repercute en la cantidad de fondos que cada provincia puede invertir en obras, servicios públicos y programas sociales, generando un reclamo de mecanismos de compensación o alternativas de financiamiento adicionales.
Sin embargo, la iniciativa de reunión se complicó en las horas siguientes a su anuncio: la cumbre prevista fue suspendida tras llamados oficiales del ministro del Interior, Diego Santilli, a varios gobernadores opositores y funcionarios provinciales clave para intentar desactivar el encuentro y evitar tensiones públicas con el Ejecutivo, según fuentes políticas que solicitaron reserva de identidad.
La suspensión también puso de manifiesto las diferencias internas entre los propios mandatarios provinciales, ya que algunos, identificados como “dialoguistas”, rechazaron públicamente la convocatoria o directamente anunciaron su ausencia debido a lazos de negociación abiertos con el Gobierno nacional, lo que desinfló la intención de una postura homogénea peronista.
Mientras tanto, otros gobernadores peronistas continuaron las gestiones con el Gobierno para reclamar compensaciones por la pérdida de recursos por coparticipación, como la propuesta de coparticipación de otros tributos o mecanismos alternativos que puedan mitigar el impacto fiscal de los cambios en Ganancias, en reuniones con representantes del Ejecutivo nacional.
Este episodio refleja la fragilidad de las alianzas territoriales frente a políticas económicas de fuerte impacto distributivo, especialmente en un panorama donde el oficialismo intenta urgir el avance legislativo de la reforma laboral, lo que obliga a los mandatarios provinciales a buscar estrategias conjuntas o individuales para proteger los intereses fiscales de sus jurisdicciones.
La discusión entre gobernadores peronistas y el Gobierno nacional por los efectos fiscales de la reforma laboral y los cambios en Ganancias se mantendrá como un factor clave en las negociaciones políticas de febrero de 2026, con especial atención en cómo se traduzcan estos reclamos en posturas concretas dentro del Congreso durante el debate del proyecto.
