La renuncia de Marco Lavagna al frente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se ha convertido en un episodio de alta tensión política dentro del Gobierno de Javier Milei, con diversos sectores analizando las causas y responsabilidades detrás de su salida. Según versiones periodísticas y fuentes oficiales consultadas, existen acusaciones internas y críticas directas al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, así como referencias al rol del ex líder político Sergio Massa en las circunstancias que llevaron a Lavagna a renunciar.
Al interior de la Casa Rosada se especula que parte de la crisis que derivó en la salida de Lavagna estuvo vinculada a la decisión de postergar indefinidamente la implementación del nuevo índice de precios al consumidor (IPC), que había sido desarrollado para reflejar más fielmente los patrones de consumo actuales en Argentina y que, según pruebas preliminares, mostraba una inflación mayor que la esperada por el Gobierno.
Ese nuevo índice, que utilizaba una canasta con ponderaciones actualizadas, estaba listo para comenzar a publicarse con los datos de enero de 2026, pero fue frenado apenas antes de su lanzamiento, en medio de temores de que una inflación más alta —según el nuevo método— complicara las metas de desinflación y la narrativa oficial del Gobierno.
Desde el oficialismo se sugirió que Sergio Massa, exfuncionario y líder político con vínculos previos con Lavagna —quien fue parte del Frente Renovador—, podría haber tenido alguna influencia indirecta o simbólica en la situación, lo que fue referido en términos coloquiales como “el fantasma de Massa”. Esta expresión refleja más la percepción de recelo político interno que una atribución directa de responsabilidad, y surge en un contexto en el que se discute si Lavagna mantuvo lazos o influencia de espacios políticos ajenos al actual Gobierno.
No obstante, más allá de esa referencia, el reproche concreto dentro del Ejecutivo se dirige principalmente hacia Caputo, a quien funcionarios y allegados le atribuyen una falta de manejo político y de coordinación para contener la crisis estadística que estalló en torno a la publicación del nuevo índice de inflación. En esos círculos se repite que “Toto se equivocó en dejar esto suelto, no estuvo encima del tema”, subrayando que el ministro no actuó con la diligencia esperada para anticipar y gestionar las implicancias políticas del dato inflacionario que se venía.
La situación generó consecuencias más allá de la renuncia de Lavagna, ya que el mercado financiero respondió con subida en el riesgo país y caída de activos argentinos, reflejando una pérdida de confianza en las estadísticas oficiales y en la credibilidad de las cifras económicas clave. Esto exacerbó la presión sobre Caputo y sobre la capacidad del Gobierno para sostener una narrativa consistente sobre el avance de la desinflación.
Las críticas a Caputo no se limitan al interior de la Casa Rosada: economistas y analistas externos también han señalado errores de comunicación y gestión en torno al manejo del índice y de la información económica. Algunos observadores consideraron que la decisión de anticipar, cuestionar o contradecir datos técnicos sin un marco claro implicó una violación de la independencia técnica del organismo estadístico y debilitó la confianza pública en las estadísticas oficiales.
En entrevistas y declaraciones públicas posteriores a la renuncia, Caputo defendió la decisión de no implementar el nuevo índice hasta que la tendencia de desinflación estuviera plenamente consolidada, pero también enfrentó críticas por el manejo de información confidencial previa a su publicación, lo que complicó aún más la percepción de gestión responsable.
La crisis abrió además un debate más amplio sobre la independencia técnica del INDEC, la credibilidad de las estadísticas oficiales y el rol del Gobierno en temas sensibles como la medición de la inflación, que impacta en decisiones de política económica, precios de mercado, contratos indexados y reclamos sociales y políticos.
Analistas consultados interpretan la renuncia de Lavagna como el resultado de una combinación de tensiones técnicas, políticas y de comunicación, donde la presión por mantener una narrativa de desinflación, las discrepancias internas sobre el momento de publicar datos más altos y los cuestionamientos a la gestión de Caputo confluyeron para terminar precipitando la salida del titular del INDEC.
Este episodio ha dejado al descubierto fracturas internas dentro del equipo económico y plantea preguntas sobre cómo el Gobierno equilibrará la necesidad de transparencia estadística con las exigencias políticas y las metas económicas que tiene por delante, mientras intenta retomar la confianza en los indicadores oficiales tras la polémica.
