Argentina se prepara para adaptar su legislación para cerrar un ambicioso acuerdo comercial con Estados Unidos
Luego de intensas negociaciones, el Gobierno de Javier Milei dio un paso clave hacia la concreción de un acuerdo comercial con Estados Unidos: ahora apunta a modificar la normativa local para cumplir con los puntos clave pactados con Washington.
El texto final del tratado todavía no está cerrado y podría firmarse recién en diciembre o incluso durante el primer trimestre de 2026, ya que los equipos técnicos de ambos países continúan trabajando en los detalles. En esos trabajos participan funcionarios del Ministerio de Economía y de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado.
Para que el acuerdo sea posible, el Gobierno tendrá que impulsar cambios en leyes vigentes: algunas barreras burocráticas podrían eliminarse por decreto, mientras que otras reformas estructurales requerirían aprobación del Congreso. Entre esas modificaciones, se menciona la eliminación del “impuesto estadístico” para bienes importados de EE.UU., así como la supresión de ciertos requisitos consulares para las importaciones.
Un punto clave del acuerdo es la adopción de estándares internacionales en sectores estratégicos. Por ejemplo, medicamentos aprobados por la FDA podrían ingresar al mercado argentino sin pasar por nuevos controles locales; algo similar ocurriría con automóviles que cumplan con las normas de seguridad norteamericanas.
Además, la Argentina se comprometió a mejorar su régimen de propiedad intelectual. Según el acuerdo, el país avanzará en la protección de patentes y seguirá las recomendaciones del informe “Special 301” de la Oficina del Representante Comercial de los EE.UU., que critica la falta de medidas contundentes contra la piratería local, especialmente en mercados informales.
En materia agroexportadora, el entendimiento incluiría facilidades para productos cárnicos: se habilitaría la entrada de carne aviar estadounidense en un plazo de un año; también se simplificarían los registros para carne vacuna, menudencias, porcinos, y productos lácteos. Otro cambio importante es la eliminación de restricciones sobre los nombres para quesos y carnes, algo que hasta ahora era una barrera para las exportaciones argentinas.
Pero no todo gira solo en lo económico: el acuerdo contempla también aspectos laborales y ambientales. Argentina se comprometió a prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, y a alinearse con estándares internacionales para proteger derechos laborales. En materia ambiental, incluiría acciones para combatir la tala ilegal y promover una explotación más responsable de recursos naturales.
El Poder Ejecutivo ya planea convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso en diciembre para tratar algunas de estas reformas, aunque no está claro cuáles puntos comerciales serán incluidos en el temario inmediato.
No obstante, el proyecto genera críticas. Desde la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof cuestionó el acuerdo por su impacto industrial. El ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, afirmó que podría perjudicar trabajos locales y describió el pacto como parte de una estrategia de “subordinación comercial”.
Por su parte, analistas favorables al acuerdo destacan sus potenciales beneficios: para Marcelo Elizondo, experto en comercio exterior, el convenio “creará oportunidades para más exportaciones argentinas”, especialmente en recursos naturales, y permitirá modernizar la normativa local de propiedad intelectual bajo estándares internacionales.
El desafío es grande: adaptar la normativa local para cumplir con las exigencias de un socio estratégico, sin comprometer la soberanía ni los intereses industriales del país. Si logra avanzar, el acuerdo podría marcar un antes y un después para la inserción comercial de Argentina. Pero habrá que ver si las reformas se debaten con la velocidad política y técnica necesaria.
