Presupuesto 2026: las partidas previstas no garantizan el financiamiento de las leyes de discapacidad y universidades
El proyecto de Presupuesto Nacional 2026 enviado por el Gobierno al Congreso volvió a quedar en el centro de la controversia, luego de que se advirtiera que las partidas asignadas no contemplan de manera efectiva el cumplimiento de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, ambas sancionadas por el Parlamento e insistidas tras haber sido vetadas por el Poder Ejecutivo.
Si bien durante el debate legislativo se rechazó el artículo que proponía derogar explícitamente estas normas, el texto presupuestario mantiene asignaciones que, según especialistas y referentes del sector, resultan insuficientes para garantizar su aplicación plena. De este modo, aunque las leyes continúan formalmente vigentes, su financiamiento quedaría condicionado por la falta de recursos específicos.
En el caso de las universidades nacionales, el Presupuesto 2026 prevé partidas que no alcanzan a cubrir el funcionamiento básico del sistema, en un contexto de inflación acumulada y de aumento sostenido de los costos operativos. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional advirtieron que los fondos asignados no permiten sostener salarios, infraestructura ni actividades académicas en los niveles requeridos por la ley vigente.
Una situación similar se presenta en el área de discapacidad. Organizaciones del sector alertaron que el presupuesto proyectado no garantiza la continuidad de prestaciones esenciales, como pensiones, apoyos terapéuticos y servicios de atención, lo que podría profundizar la vulnerabilidad de miles de personas que dependen de estos programas.
El debate expone una tensión de fondo entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Mientras el Parlamento insistió en la vigencia de ambas leyes, el diseño presupuestario del Gobierno es interpretado por la oposición como una forma indirecta de desfinanciamiento, alineada con la política de ajuste y reducción del gasto público impulsada por la administración de Javier Milei.
Desde el oficialismo sostienen que el Presupuesto 2026 responde a un criterio de equilibrio fiscal y priorización de recursos, y que la eficiencia del gasto permitirá sostener las áreas sensibles sin comprometer el objetivo de déficit cero. Sin embargo, los críticos advierten que sin partidas específicas y actualizadas, las leyes pierden efectividad real.
La discusión anticipa nuevos conflictos en el Congreso y posibles reclamos judiciales o administrativos por parte de universidades y organizaciones vinculadas a la discapacidad, que exigen el cumplimiento pleno de las normas sancionadas y la asignación de recursos acordes a las obligaciones del Estado
