Milei impulsa la recuperación del polémico DNU 70/2023 para blindar su reforma laboral
Desde el Gobierno nacional se aviva la intención de revalidar los artículos más controvertidos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que fueron parcialmente anulados por la Justicia. La estrategia apunta a consolidar la reforma laboral, el recorte de derechos sindicales y la redefinición del poder policial, pese a las múltiples impugnaciones judiciales.
El DNU 70/2023 —promulgado en diciembre de 2023 por el presidente Javier Milei bajo el título “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”— incluía una transformación profunda de las normas laborales: contratos más flexibles, limitaciones al derecho de huelga y recortes en la ultraactividad de convenios colectivos. También contenía disposiciones vinculadas a seguridad y orden público, que algunos interpretan como un refuerzo del rol policial.
Tras su promulgación, el decreto fue rápidamente cuestionado por sindicatos y organismos de derechos humanos. La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un amparo judicial, en tanto el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció un uso excesivo de facultades extraordinarias por parte del Ejecutivo, en detrimento del Poder Legislativo.
La Justicia laboral dio varios golpes al plan de Milei: en enero de 2024, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó una medida cautelar para suspender la aplicabilidad del Título IV del DNU, que abarca la reforma laboral. Además, la Sala de Feria del mismo tribunal declaró la “invalidez constitucional” de ese bloque del decreto.
Más allá de la suspensión general, la jueza Liliana Rodríguez Fernández, en una resolución del mismo año, declaró inválidos seis artículos específicos del DNU. Entre ellos, los relacionados con la retención de cuotas sindicales, el derecho de huelga —especialmente en actividades esenciales—, y las nuevas reglas para despidos. Asimismo, esos artículos solo podrían tener “validez formal” si son ratificados por ambas cámaras del Congreso; de lo contrario, perderían vigencia.
Desde el Gobierno, la idea de “revivir” el DNU apunta a FORZAR esa ratificación legislativa o bien a reconstruir una versión más sólida que sorteé los escollos judiciales. Si lo logran, Milei obtendría un marco legal más firme para llevar adelante su agenda laboral, revirtiendo parte de los fallos adversos.
El debate político detrás de esto es intenso: los defensores de la reforma argumentan que flexibilizar el mercado laboral es clave para reactivar la economía y generar empleo formal. Por otro lado, los críticos denuncian un retroceso de derechos fundamentales, especialmente para los trabajadores más vulnerables, y alertan que se está erosionando la negociación colectiva.
Además, el DNU no solo afecta lo laboral: la reforma contemplaba un fortalecimiento del poder policial para intervenir en protestas sociales, lo que plantea preocupaciones sobre el uso de la fuerza y la criminalización de movilizaciones.
En este escenario, la posible reactivación del DNU 70/2023 representa una jugada política ambiciosa para Milei: no solo para sostener su programa económico, sino para imponer un nuevo esquema institucional en el que su Ejecutivo tenga mayor poder sobre el mercado laboral y el orden público.
Sin embargo, las resistencias no solo vienen del fuero laboral: organismos de derechos humanos, amplios sectores sindicales y legisladores opositores advierten que el blindaje jurídico de la reforma no solo profundizaría desigualdades, sino que podría desencadenar una ola de litigios y movilizaciones en contra del Gobierno.
El desafío para Milei será complejo: deberá imponer su proyecto sin ceder ante las críticas ni perder margen político, mientras que la oposición buscará usar los fallos en su contra para frenar el avance de un decreto que, si se revalida, marcaría un hito en la redefinición del Estado argentino.
