La Argentina volvió a enfrentar un dato que reabre una discusión sensible sobre el estado del sistema de salud, las condiciones de vida y el alcance de las políticas públicas destinadas a la primera infancia. La tasa de mortalidad infantil pasó de 8 a 8,5 muertes por cada 1.000 nacidos vivos entre 2023 y 2024, un aumento del 6,25% que representa el mayor salto registrado en más de dos décadas, de acuerdo con datos oficiales citados en informes periodísticos.
El indicador adquiere especial gravedad porque interrumpe una tendencia histórica de descenso que había caracterizado a la mortalidad infantil en la Argentina durante los últimos años. Aunque en números absolutos se registraron 3.513 muertes de menores de un año en 2024, frente a 3.689 en 2023, la tasa igualmente aumentó por la fuerte caída en la cantidad de nacimientos, lo que agrava la lectura estructural del fenómeno.
La suba no aparece como una oscilación menor ni como una simple anomalía estadística. El hecho de que se trate del mayor incremento desde 2002 le otorga una densidad política e institucional particular, porque remite a un escenario de deterioro social que impacta en uno de los indicadores más sensibles para medir bienestar, acceso a la salud y calidad de atención materno-infantil.
En ese marco, el dato obliga a revisar no solo la capacidad de respuesta del sistema sanitario, sino también las condiciones sociales que rodean los embarazos, los partos y el primer año de vida. La mortalidad infantil suele condensar múltiples factores al mismo tiempo: pobreza, controles prenatales insuficientes, desigualdad territorial, dificultades de acceso a servicios básicos y debilidades en la cobertura médica, especialmente en las regiones más postergadas del país. Esa combinación convierte al indicador en una señal de alerta mucho más amplia que la estrictamente sanitaria.
El impacto territorial también forma parte del problema. Según la información difundida, provincias como Corrientes, Chaco y La Rioja aparecen entre las más comprometidas, con niveles por encima del promedio nacional. Esa disparidad vuelve a poner sobre la mesa las asimetrías federales en materia de infraestructura sanitaria, recursos humanos y seguimiento temprano de embarazos y recién nacidos, un aspecto que históricamente condicionó la eficacia de las políticas públicas en la Argentina.
Desde una perspectiva institucional, el aumento de la mortalidad infantil expone la necesidad de evaluar con mayor profundidad el desempeño de las políticas de prevención, nutrición, vacunación, controles prenatales y atención neonatal. Cuando un indicador de esta magnitud retrocede, lo que queda en discusión no es únicamente la coyuntura, sino también la consistencia del entramado estatal que debe garantizar cuidado desde el embarazo hasta los primeros meses de vida.
El dato también tiene una dimensión política inevitable. En la Argentina, los indicadores sociales ligados a infancia y salud pública funcionan como termómetros del impacto real de las decisiones económicas. Por eso, una suba de la mortalidad infantil no puede leerse de manera aislada del contexto de pobreza, caída de ingresos y debilitamiento de redes de contención, especialmente en hogares que dependen de servicios públicos para sostener controles médicos y tratamientos básicos.
Además, la evolución de este índice interpela a los distintos niveles del Estado. No se trata solo de una responsabilidad nacional, sino también de la articulación entre provincias, municipios, hospitales y centros de atención primaria. La respuesta frente a este tipo de retrocesos exige coordinación territorial, financiamiento estable y una estrategia focalizada en las zonas de mayor vulnerabilidad, donde los riesgos de mortalidad infantil suelen concentrarse con más fuerza.
La suba registrada entre 2023 y 2024 deja así una advertencia de gran peso institucional. Más allá de las disputas políticas coyunturales, el aumento de la mortalidad infantil instala un debate de fondo sobre la capacidad del país para proteger a su población más vulnerable. Cuando empeora un indicador de esta naturaleza, lo que se resiente no es solo una estadística sanitaria, sino una dimensión central del contrato social y de la presencia efectiva del Estado en la vida cotidiana.
