La Legislatura de La Rioja suspendió por 180 días las ejecuciones prendarias
La Legislatura de La Rioja aprobó la suspensión por 180 días de las ejecuciones prendarias, en el marco de la emergencia económica que atraviesa la provincia. La medida busca proteger a familias y pequeños y medianos emprendimientos que enfrentan dificultades para cumplir con sus compromisos financieros.
El proyecto fue impulsado por la diputada Lourdes Ortiz y contempla a personas humanas y MiPyMEs con domicilio real o legal en La Rioja. La iniciativa apunta principalmente a evitar que bienes utilizados como garantía de créditos sean ejecutados durante el período de vigencia de la suspensión.
Una protección frente al endeudamiento
Según los fundamentos del proyecto, la caída de la actividad económica, la pérdida del poder adquisitivo, la retracción del consumo y el aumento de los costos financieros generaron mayores dificultades para que familias y empresas puedan afrontar las obligaciones asumidas.
En ese contexto, la suspensión busca otorgar un período de alivio a los deudores y evitar que la situación económica derive en la pérdida de bienes que fueron utilizados como garantía de préstamos.
La medida alcanza tanto a nuevos procesos de ejecución prendaria como a aquellos que ya se encuentran en trámite, independientemente del estado procesal en el que estén.
Las deudas no quedan perdonadas
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que la suspensión no implica la condonación de las deudas.
Los acreedores mantienen sus derechos y podrán continuar con las acciones correspondientes una vez finalizado el período de 180 días. La norma tampoco establece una eliminación, modificación o extinción de las obligaciones contraídas.
De esta manera, el objetivo es establecer un período de protección temporal y no cancelar las obligaciones financieras de quienes se encuentran endeudados.
Fuerte rechazo de La Libertad Avanza
El proyecto generó un fuerte rechazo del bloque de La Libertad Avanza, cuyos legisladores cuestionaron la constitucionalidad de la medida.
Desde el espacio libertario sostuvieron que la Legislatura provincial estaría avanzando sobre una materia que corresponde a la legislación nacional, particularmente en lo relacionado con las obligaciones crediticias y las garantías prendarias.
Los diputados de LLA también advirtieron que la iniciativa podría generar consecuencias negativas sobre el sistema financiero y el acceso al crédito.
La advertencia sobre el crédito
Uno de los principales argumentos de la oposición fue que modificar las condiciones bajo las cuales pueden ejecutarse las garantías podría generar mayor incertidumbre para las entidades financieras.
Según esta mirada, si los acreedores perciben mayores dificultades para recuperar los bienes utilizados como garantía, podrían endurecer las condiciones para otorgar nuevos préstamos o directamente reducir la oferta de financiamiento en la provincia.
Desde LLA plantearon además que, ante el problema del endeudamiento de las familias, sería conveniente impulsar una iniciativa a nivel nacional que permita abordar la cuestión sin avanzar sobre competencias provinciales.
Una nueva discusión entre oficialismo y libertarios
La aprobación de la medida vuelve a marcar diferencias entre el oficialismo provincial y La Libertad Avanza, en un contexto de fuerte disputa política entre el Gobierno de Ricardo Quintela y el espacio libertario.
Mientras el oficialismo sostiene que la emergencia económica requiere herramientas excepcionales para proteger a los sectores más afectados, los libertarios cuestionan que la Provincia intervenga sobre aspectos vinculados con el sistema crediticio.
La discusión también se da en un escenario donde la caída del consumo y las dificultades para acceder al financiamiento afectan a familias y empresas riojanas.
La medida tendrá vigencia durante 180 días
Con la aprobación legislativa, la suspensión tendrá una duración de seis meses.
Durante ese período, las personas y MiPyMEs alcanzadas por la norma contarán con un freno temporal a las ejecuciones prendarias, mientras los acreedores conservarán sus derechos para reclamar posteriormente el cumplimiento de las obligaciones.
La decisión abre ahora un nuevo debate sobre los límites de las provincias para intervenir en situaciones de emergencia económica y sobre el impacto que este tipo de medidas puede tener sobre el acceso al crédito en La Rioja.
