La Comisión $Libra acusa a Milei de haber brindado una “colaboración imprescindible” en lo que define como criptoestafa

Luego de tres meses de investigaciones, la Comisión investigadora del Congreso presentó su informe final sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, y lanzó una acusación fuerte contra el presidente Javier Milei: según el documento, su intervención fue clave para la maniobra que terminó perjudicando a decenas de miles de inversores.
En sus conclusiones, la comisión sostiene que Milei prestó una “colaboración imprescindible para la realización de la maniobra” que permitió que $LIBRA alcanzara un volumen de compra elevado, algo que, según los legisladores, no se habría dado sin su involucramiento. Además, el informe sugiere que el Congreso evalúe la apertura de un juicio político por mal desempeño presidencial.
Según el texto, Milei y su entorno (entre ellos su hermana Karina) tienen responsabilidad política por los hechos vinculados a la criptomoneda. Uno de los puntos más controvertidos es que Milei difundió un número de contrato en redes sociales que no era de acceso público, lo que la comisión interpreta como una señal de un vínculo previo con los creadores de $LIBRA.
Los investigadores identificaron un patrón que no sería aislado: compararon el caso de $LIBRA con otras operaciones similares vinculadas a criptos como KIP, CoinX y Vulcano, donde vuelven a aparecer algunos de los mismos nombres (como Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy). La hipótesis de la comisión es que podría tratarse de un modus operandi para monetizar la imagen presidencial.
En paralelo, el documento denuncia a varios funcionarios del Ejecutivo por haberse negado a colaborar con la investigación, incluidos el ministro de Justicia (Mariano Cúneo Libarona), el titular de la Oficina Anticorrupción (Alejandro Melik) y el presidente de la Comisión Nacional de Valores (Roberto Emilio Silva).
También se decidió remitir toda la evidencia reunida al fuero judicial: la comisión envió su informe al juzgado que ya tramita la causa para que se evalúen eventuales responsabilidades penales.
Según el informe, los “hechos investigados” son compatibles con una estafa: más de 114.410 billeteras virtuales habrían sido afectadas por la caída de $LIBRA.
La oposición interpreta el documento como una señal fuerte: no solo para reclamar consecuencias políticas, sino también para forzar mecanismos institucionales que permitan responder ante lo que consideran una operación con claras consecuencias sociales y financieras.
Por su parte, desde el oficialismo se espera un contraataque, especialmente por las implicancias institucionales: un juicio político, aunque propuesto, no es seguro que prospere, dado el equilibrio de fuerzas.





