La Justicia ordena el decomiso de bienes millonarios a Cristina Kirchner por la causa Vialidad
La Justicia federal dictó una medida histórica: el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 (TOF 2) ordenó el decomiso de bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la conocida causa “Vialidad” por administración fraudulenta.
El monto que la Justicia pretende incautar alcanza los 684.990 millones de pesos, cifra actualizada según peritos oficiales. Esta cifra elevada refleja no solo una condena simbólica, sino una intención concreta de recuperar lo que, según el tribunal, constituyó “provecho del delito”.
En detalle, la medida incluye 20 propiedades vinculadas a la familia Kirchner: un inmueble a nombre de la expresidenta y otros 19 que pasaron a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. Entre esos bienes hay terrenos en El Calafate y unidades en Río Gallegos.
No solo inmuebles: también se ordenó decomisar sociedades y activos empresariales asociados, incluyendo empresas vinculadas al entramado de construcción y obra pública (como Austral Construcciones, entre otras) que estaban implicadas en la causa.
La Justicia justificó la medida argumentando que esos bienes forman parte del “provecho del delito”: según el fallo, fueron obtenidos gracias a maniobras irregulares durante sus mandatos presidenciales, que favorecieron a Lázaro Báez con adjudicaciones viales.
La sentencia del TOF 2 se apoya en una condena que ya fue ratificada: la expresidenta fue sentenciada a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En paralelo, la Justicia ya empezó a individualizar los bienes de Kirchner para llevar adelante la ejecución del decomiso: hay un proceso activo para identificar qué propiedades o activos concretos serán alcanzados por la medida.
Desde su defensa, la expresidenta intentó un recurso para trasladar este decomiso al fuero civil y comercial, en lugar del penal, con el argumento de que así se dilataría o cambiaría el enfoque sobre sus bienes.
Además, la Justicia ya rechazó una maniobra procesal de su parte: el tribunal delegado rechazó su pedido de suspensión del decomiso, a la vez que delegó en los fiscales la tarea de avanzar sobre sus bienes.
El caso marca un punto clave para el conflicto político y judicial en Argentina: no solo es una condena penal, sino también un embate patrimonial para recuperar los activos que el Estado considera derivados de la corrupción. Si se concreta el decomiso, podría ser uno de los más grandes de la historia reciente del país.
