En una decisión que reaviva tensiones entre los poderes del Estado y reconfigura el enfoque oficial sobre las causas judiciales de mayor impacto político, el presidente Javier Milei ordenó que la Procuración del Tesoro de la Nación deje de intervenir como querellante en la causa que investiga el crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la gestión de Mauricio Macri en 2018. La medida, formalizada a través del Decreto 87/2026, fue publicada en el Boletín Oficial y supone un giro institucional que ha generado críticas públicas, cuestionamientos de la oposición y señales ambiguas desde el propio oficialismo.
La causa, identificada como Causa N° 3.561/2019, lleva años en el centro de debates sobre endeudamiento, responsabilidad pública y el rol del Estado en la supervisión de decisiones económicas de alto impacto. Inicialmente, la Procuración actuó como querellante particular para representar al Estado Nacional en la investigación que apuntaba a determinar si la gestión de Macri —junto a exfuncionarios como Nicolás Dujovne, Luis “Toto” Caputo y Federico Sturzenegger— incurrió en delitos como defraudación por administración fraudulenta y contra la administración pública, en el contexto del millonario crédito de alrededor de USD 57.000 millones.
El Gobierno justificó la medida argumentando que la intervención de la Procuración en una causa penal carece de especialización técnica para litigios complejos y que, conforme a normas constitucionales y legales, la acción penal es competencia exclusiva del Ministerio Público Fiscal, lo que, según el Ejecutivo, hace redundante la presencia del Estado como querellante en este expediente. Esta postura oficial apunta a racionalizar recursos estatales y evitar superposiciones institucionales, pero entra en un terreno político delicado dada la trascendencia del caso.
Sin embargo, la decisión no ha sido interpretada únicamente como un ajuste técnico institucional. Sectores de la oposición y analistas políticos sostienen que el retiro del Estado de la querella representa una desactivación práctica del impulso judicial contra figuras vinculadas al macrismo, en un momento en que algunos de esos actores, como Caputo y Sturzenegger, ocupan posiciones relevantes en el actual gobierno de Milei. La crítica reside en la percepción de que la medida beneficia políticamente a esos hombres vinculados a la negociación y gestión del crédito con el FMI, a pesar de las constantes declaraciones de Milei contra el endeudamiento de administraciones anteriores.
El expediente había sido motivo de fuerte disputa jurídica e institucional en los últimos años. El fiscal federal que interviene en la investigación, Franco Picardi, cuestionó previamente el archivo parcial del caso por parte de la jueza María Eugenia Capuchetti —nombrada durante el gobierno de Macri— por su evaluación del manejo de los fondos. El argumento de Picardi fue que la valoración de pruebas y del marco regulatorio para aplicar normas penales había sido insuficiente y fragmentaria, lo que según él impedía una conclusión justa sobre posibles delitos de administración fraudulenta.
La decisión de Milei se produce en un contexto en el que el debate sobre la deuda externa vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política argentina. Distintas voces del espectro político han utilizado históricamente el caso del crédito con el FMI como un símbolo de responsabilidades económicas y decisiones estratégicas de gobierno. La causa fue inicialmente promovida por una denuncia de la Oficina Anticorrupción, que sostuvo que las divisas obtenidas no fueron destinadas a fortalecer la posición financiera del país sino a sostener mecanismos que favorecieron la fuga de capitales, lo que implicaría violaciones al deber de probidad de los funcionarios.
Este giro en la intervención del Estado en el caso judicial también coincide con un momento de renovadas negociaciones con el FMI por parte del gobierno de Milei, donde las relaciones con el organismo multilateral se vuelven estratégicas para la agenda económica del Ejecutivo. Aunque el propio presidente fue en su momento un crítico severo del préstamo de 2018, su actual acercamiento institucional con el FMI ha sido motivo de debate y críticas desde diversos sectores políticos, incluidos referentes de la oposición que señalan una contradicción en las posturas oficiales.
La respuesta de la oposición no se hizo esperar. Desde diferentes espacios se interpreta la decisión como un intento de desactivar la presión judicial sobre aliados políticos y como una maniobra que podría influir en la percepción pública sobre la rendición de cuentas y el rol del Estado frente a la justicia. Además, legisladores de distintos bloques pusieron en agenda la necesidad de debatir no solo los aspectos jurídicos de la medida, sino sus implicancias políticas e institucionales para el equilibrio entre los poderes del Estado.
En síntesis, la orden oficial de desactivar la querella estatal en la causa del crédito del FMI reaviva un conflicto que combina política, justicia y economía en el centro de la escena pública argentina. Más allá de los argumentos técnicos invocados por el Gobierno, la medida plantea un profundo debate sobre la independencia judicial, las responsabilidades históricas en decisiones económicas de alto impacto y la manera en que el Estado se relaciona con la rendición de cuentas de sus políticas y de las de administraciones pasadas.
