Un nuevo escándalo de presunta corrupción sacude al principal organismo previsional del país luego de que denunciantes y sectores del mercado advirtieran sobreserios sobreprecios y adjudicaciones irregulares en la contratación de empresas de limpieza para oficinas y delegaciones de la institución, con un monto estimado en más de dos mil millones de pesos por encima de lo que hubieran costado esos servicios bajo procedimientos de contratación más transparentes.
Según las denuncias difundidas, la licitación de servicios de limpieza en varias regiones del organismo —incluidas Norte, Noreste, Noroeste y el Conurbano bonaerense— habría favorecido a dos empresas, La Mantovana y Linser, cuyos contratos fueron adjudicados pese a que existían ofertas competitivas y más económicas de otras firmas, generando **diferencias millonarias y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
En el caso de La Mantovana, la empresa inicialmente ofertó cerca de $10.000 millones anuales, pero tras aparecer una oferta más económica —de aproximadamente $4.400 millones— redujo de manera repentina su propuesta en casi 40 %, para terminar siendo adjudicada por $5.900 millones pese a no ser la opción más eficiente en términos de costo, lo que implica un sobreprecio directo estimado en más de $1.500 millones respecto a la oferta más baja recibida.
Además de lo que se considera un proceso de adjudicación con falta de competencia efectiva, el entramado denunciado incluye posibles sobrefacturaciones en la prestación de los servicios, con pliegos que especifican una dotación de operarios y tiempos de trabajo que no se condicen con la realidad observada en algunos edificios, lo que según fuentes del sector podría constituir una forma de cobrar por tareas no efectivamente realizadas o sobredimensionadas.
Por su parte, Linser, empresa que se quedó con el contrato de limpieza del Conurbano, también fue objeto de cuestionamientos: pese a que en la licitación presentó una oferta más cara —de unos $3.800 millones— que la de otra firma (Distribon), fue descalificada y finalmente se le adjudicó el contrato por $2.100 millones, lo que significa un sobreprecio estimado en unos $570 millones por el mismo trabajo.
La empresa Linser está en foco no solo por los posibles sobreprecios, sino también por su vinculación con Luis “Chiche” Peluso, exfuncionario provincial y empresario con lazos en el ámbito político, lo que ha alimentado la discusión sobre posibles favores o alineamientos políticos en decisiones de contratación estatales.
Fuentes del mercado y del propio sector de servicios de limpieza señalan que la combinación de procedimientos con pliegos inflados y la adjudicación a empresas con propuestas aparentemente menos competitivas que las presentadas por otros oferentes generan interrogantes sobre la eficiencia, transparencia y controles del organismo en sus procesos de contratación, así como sobre la eventual existencia de redes de influencia que favorezcan a determinados actores económicos.
El caso ha generado repercusión política y mediática, en un contexto donde la gestión de recursos públicos y la transparencia en contratos del sector estatal han sido temas recurrentes de debate, especialmente cuando se trata de montos millonarios que impactan en el uso del presupuesto institucional.
Hasta el momento, no hay confirmaciones oficiales sobre investigaciones judiciales formales ni medidas disciplinarias con imputaciones concretas relacionadas con esta denuncia específica, por lo que el escándalo se mantiene en el terreno de acusaciones políticas, cuestionamientos sectoriales y pedidos de auditorías y controles más estrictos para determinar responsabilidades y eventuales irregularidades administrativas.
En síntesis, lo denunciado en torno a los contratos de limpieza del organismo previsional apunta a un presunto esquema de adjudicaciones con sobreprecios, falta de competencia efectiva y deficiencias en el control estatal, que habrían derivado en un perjuicio económico significativo para el erario público y que ahora se constituye en un episodio más dentro de los debates sobre transparencia y probidad en la contratación pública.
