El plan: privatizar Intercargo y Transener antes de 2026, y dejar a AySA al borde de la venta

El gobierno nacional, bajo la administración de Javier Milei, aceleró su agenda de privatizaciones —un objetivo central de su gestión— y estableció como meta que Intercargo y Transener dejen de ser estatales antes de fin de 2025. Pero la ambición va más allá: AySA figura como el próximo gran blanco, con el objetivo de concretar su traspaso al sector privado entre febrero y marzo de 2026.

El plan avanza a paso firme. Para Intercargo, la venta implica desprenderse del 100 % del paquete accionario mediante licitación pública nacional e internacional, sin reservar privilegios para ex empleados u otras “propiedades participadas”. Por su parte, Transener —vía la participación estatal en su sociedad controladora, Citelec S.A.— también está en la mira: el gobierno prevé desprenderse de esas acciones, siguiendo el procedimiento impulsado por el decreto que desmantela la estatal Enarsa.

Al mismo tiempo, el avance sobre AySA se aceleró. Luego de un decreto y un informe técnico elevado al Ministerio de Economía, se estudian distintas modalidades: desde la venta directa por licitación hasta la posibilidad de salida a Bolsa. La idea no es parcial: el objetivo declarado es pasar la mayoría accionaria a privados, aunque los terrenos, bienes, maquinarias y redes seguirían bajo propiedad estatal (o al menos así lo han señalado fuentes vinculadas al proceso).

¿Por qué este apuro? Contexto del plan oficialista

La decisión de avanzar rápido responde a varios motivos, según fuentes del gobierno. Primero, una urgencia del Estado por generar reservas internacionales: recientemente, la privatización de cuatro represas hidroeléctricas del Comahue permitió al Ejecutivo sumar divisas al Tesoro, algo clave en un contexto económico complejo.

En segundo lugar, el gobierno apuesta por la premisa ideológica de que “todo lo que pueda estar en manos privadas, debe estar en manos privadas” —una marca del programa de Milei desde que asumió el mando. Por eso, la agenda de privatizaciones no se limita a servicios públicos como agua o electricidad, sino que también incluye infraestructura, transporte, energía y otros sectores claves del Estado.

Por último —y no menos importante—, hay un horizonte político: avanzar con estos procesos antes de que finalice 2025 y entrar en 2026 con un nuevo escenario institucional. La idea, según funcionarios, es “asegurar los paquetes accionariales” antes de que se abran nuevas negociaciones sociales o económicas que puedan frenar las privatizaciones.

Qué implican estas privatizaciones: desafíos y debates que se vienen

La venta de Intercargo podría cambiar cómo se gestionan los servicios aeroportuarios clave: el servicio de “rampas y asistencia en tierra” dejaría de ser estatal, lo que abre la puerta a operadores privados que deberán garantizar continuidad de servicio y calidad. Pero también despierta preguntas respecto de tarifas, condiciones laborales, regulación y control estatal.

En el caso de Transener —y por ende de la red eléctrica de alta tensión— la privatización implica transferir a privados el control sobre una infraestructura estratégica para el sistema eléctrico argentino. Eso conlleva riesgos: tarifas, mantenimiento, inversiones futuras y dependencia de decisiones empresariales en un servicio clave.

Y con AySA en la mira, la discusión se vuelve aún más social: el agua y el saneamiento afectan a millones de personas en el AMBA —y un traspaso al sector privado podría generar aumentos de tarifas, dificultades de acceso para sectores vulnerables, o cambios en la calidad de servicio. A su vez, aunque los bienes físicos quedaran del Estado, muchas decisiones quedarán en manos de privados, lo que podría reducir controles públicos.

Además, algunos analistas advierten que este tipo de privatizaciones aceleradas, sin un debate público amplio o garantías claras, pueden generar tensiones sociales. El impacto en tarifas, empleo estatal, regulación y derechos de acceso será un foco de discusión en los próximos meses.

Qué esperar a corto y mediano plazo

• En los próximos meses podrían formalizarse las licitaciones para Intercargo y Transener: si todo sigue el plan, para fines de 2025 ambas estarán en manos privadas.

• A comienzos de 2026 el foco se trasladará a AySA: puede comenzar el proceso de valuación, oferta pública o licitación para su traspaso, lo que reabre el debate sobre agua potable y saneamiento como servicio esencial.

• Será clave que el Estado defina con claridad los marcos regulatorios que aseguren que los servicios privatizados mantengan calidad, accesibilidad y control ciudadano.

• El debate público crecerá: sindicatos, sectores sociales, organizaciones de usuarios y partidos políticos evaluarán el impacto de esta ola de privatizaciones.