El Gobierno nacional evalúa implementar un mecanismo financiero para cancelar las deudas acumuladas con empresas constructoras por obras públicas ejecutadas en los últimos años. La iniciativa es impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y consiste en la emisión de un bono que permitiría saldar parte de las obligaciones pendientes con el sector de la construcción.
La propuesta surge en un contexto de restricciones fiscales y caída de la recaudación, que limitan la disponibilidad de recursos del Estado para afrontar pagos en efectivo. Según trascendió en ámbitos empresariales y gubernamentales, el instrumento financiero sería utilizado para cancelar deudas acumuladas entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 por trabajos realizados en proyectos viales y ferroviarios.
El monto estimado de esas obligaciones rondaría los 200 millones de dólares. De concretarse la iniciativa, las empresas recibirían un título público en lugar de un pago directo, lo que permitiría al Estado diferir el desembolso inmediato de fondos en efectivo.
La situación se originó tras la decisión del gobierno de paralizar gran parte de la obra pública al inicio de la actual administración, dentro de una estrategia orientada a reducir el gasto estatal y alcanzar el equilibrio fiscal. Aunque algunos proyectos continuaron en ejecución, el retraso en los pagos generó un pasivo significativo con las compañías que participaron en esas obras.
Dentro del sector de la construcción, la propuesta genera expectativas pero también inquietudes. Algunas empresas consideran que la emisión de un bono podría permitir ordenar la deuda acumulada y aliviar parcialmente la presión financiera que atraviesan muchas compañías. Sin embargo, también advierten que recibir un título en lugar de efectivo limita su capacidad de reinvertir o financiar nuevas obras.
Otro punto de debate se vincula con el valor de mercado que tendría ese instrumento. Fuentes del sector estiman que el bono podría cotizar entre el 70% y el 80% de su valor nominal, lo que implicaría una pérdida efectiva para las empresas que lo reciban si necesitan venderlo para obtener liquidez inmediata.
El plan contempla además distintos esquemas de pago según el tipo de obra. Mientras que las obligaciones vinculadas a proyectos viales y ferroviarios serían cubiertas con el bono, las de infraestructura hídrica podrían pagarse al contado. En el caso de programas de vivienda, la responsabilidad financiera habría sido trasladada a las provincias.
En paralelo, el Gobierno busca avanzar en un nuevo modelo de infraestructura basado en concesiones privadas. La estrategia apunta a que futuras obras viales se financien principalmente con capital privado o bancario, reduciendo la participación directa del Estado en la inversión pública.
El eventual lanzamiento del bono se inscribe así en un intento de ordenar la deuda acumulada con el sector de la construcción mientras el Ejecutivo mantiene su política de ajuste fiscal. La definición final sobre las características del instrumento y los plazos de pago será determinante para evaluar el impacto que tendrá la medida sobre una industria considerada clave para el empleo y la actividad económica.
