En un giro inesperado de la agenda legislativa, el **Gobierno nacional solicitó el retiro del proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil apenas horas después de haberlo enviado a la Cámara de Diputados de la Nación, generando un nuevo foco de polémica política e institucional en medio de la discusión sobre seguridad y justicia penal en la Argentina.
El proyecto, ingresado al Congreso el pasado 9 de febrero de 2026, proponía una modificación integral del régimen penal juvenil, con especial énfasis en la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años para ciertos delitos graves, lo que había sido una de las banderas más sensibles de la agenda de políticas de seguridad impulsada por el Ejecutivo.
El principal motivo detrás del retiro exprés de la iniciativa fue la falta de consenso político en la Cámara Baja: varios bloques aliados, incluidos miembros de la Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO, expresaron su rechazo a la modificación de la edad mínima de imputabilidad a 13 años, prefiriendo mantener el piso en 14 años, criterio que ya había logrado respaldo en un dictamen de mayoría consensuado durante 2025.
La decisión de dar marcha atrás se explica también por el cálculo político del oficialismo, que buscaba evitar un desgaste legislativo y mediático que pudiera entorpecer el tratamiento del resto de los capítulos de la reforma, así como asegurar que el proyecto pueda avanzar en comisión y luego en el recinto sin fracturas internas que comprometan su aprobación.
El texto retirado incluía, además de la controversia sobre la edad de imputabilidad, una explicitación del financiamiento del régimen penal juvenil, con un monto de 23.739 millones de pesos destinado a su implementación, repartido entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación. Este detalle respondió a una de las críticas previas al proyecto original, que carecía de asignación presupuestaria clara para su aplicación efectiva.
Desde el Gobierno se explicó que la prioridad ahora es volver a enviar una versión corregida del proyecto, que respete el consenso político logrado con otros bloques y que permita un tratamiento más expedito en comisiones para llegar al recinto de debate con mayores posibilidades de aprobación.
Este episodio refleja las tensiones internas en la coalición de Gobierno, así como las dificultades para construir acuerdos amplios en el Congreso sobre cuestiones sensibles como la justicia penal y las políticas de seguridad pública. Analistas políticos interpretan la retirada como una señal de pragmatismo legislativo, pero también como un punto de fricción que puede influir en la percepción pública sobre la capacidad del Ejecutivo para avanzar con su agenda sin elaboración previa consensuada.
La reforma del Régimen Penal Juvenil, impulsada con contenido sustancial desde 2024 y que ya había transitado procesos de dictamen durante 2025, ha sido objeto de debate constante en ámbitos políticos, institucionales y de derechos humanos. La baja de la edad de imputabilidad ha generado posiciones encontradas entre quienes sostienen que es necesario endurecer las respuestas penales frente a delitos graves protagonizados por menores y aquellos que advierten sobre posibles violaciones a estándares internacionales de protección de la infancia.
La expectativa ahora se centra en cuándo y en qué términos el Gobierno volverá a presentar la iniciativa corregida, así como en cómo se desarrollará su tratamiento en las comisiones legislativas durante los próximos días, en vistas de llevar la discusión al recinto de Diputados antes de finalizar el período de sesiones extraordinarias.
