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Eliminación de la llamada “industria del juicio”:
Se redefine el concepto de “mejor remuneración” para el cálculo de indemnizaciones. Solo se considerará la remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo conceptos no mensuales como aguinaldo, vacaciones y otros pagos atípicos, y se establece que la indemnización será la única reparación económica ante despido sin causa.
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Actualización de créditos laborales:
Los créditos laborales adeudados se actualizarán por índice de precios al consumidor (IPC) más un 3 % anual, buscando homogeneizar el ajuste de montos pendientes.
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Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL):
Se constituye un fondo específico para cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias, con aportes de los empleadores: 1 % mensual para grandes empresas y 2,5 % para MiPyMEs. Este fondo será inembargable e inajenable, con afectación específica para su propósito.
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Registración laboral simplificada y digital (ARCA):
El registro ante la Autoridad de Registro de Contratos de Trabajo (ARCA) será suficiente, evitando exigencias de trámites adicionales por otras autoridades, y los libros laborales podrán digitalizarse con validez legal durante 10 años.
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Delimitación de beneficios sociales:
Se redefine qué constituye beneficio social no remunerativo, dejando fuera del salario conceptos como comedor, guardería o reintegros médicos, con impacto en el cálculo de indemnizaciones.
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Banco de horas y jornada moderna:
Se habilita el uso de bancos de horas voluntarios, acordados entre empleador y trabajador, como alternativa para organizar la jornada laboral.
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Vacaciones más flexibles:
El período vacacional se podrá otorgar entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de fraccionar las vacaciones, respetando un mínimo obligatorio de siete días corridos.
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Licencias por enfermedad y junta médica:
Se actualizan las reglas para licencias por enfermedad, reforzando el derecho del empleador al control médico y la intervención de juntas médicas según nuevos criterios.
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Régimen de Incentivo para la Formación Laboral (RIFL):
Se incorpora un esquema de incentivos para fomentar capacitación, empleabilidad y reconversión laboral, con foco en sectores como jóvenes y trabajadores sin experiencia.
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Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI):
Un nuevo régimen para promover inversiones productivas, tecnológicas y de expansión empresarial, con impacto indirecto en la generación de empleo.
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Reducción de cargas sociales:
Se prevé una reducción de cargas sociales para empleos existentes y facilidades para la creación de nuevos puestos de trabajo, aunque sin afectar aportes a obras sociales según lo acordado con la CGT.
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Prelación de convenios de empresa:
Los convenios colectivos de empresa tendrán prioridad sobre los de ámbito nacional, promoviendo acuerdos más cercanos a las realidades sectoriales o regionales.
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Compromiso de reforma fiscal integral:
El proyecto incluye un compromiso formal de enviar una nueva ley de acuerdos fiscales entre la Nación y las provincias para avanzar en la reducción de cargas tributarias como parte de una agenda más amplia.
Estos cambios plantean ajustes profundos que buscan modernizar el marco laboral argentino mediante mayor flexibilidad y previsibilidad contractual, aunque también han generado controversia entre sindicatos, especialistas laborales y sectores empresariales, quienes advierten sobre posibles impactos en derechos y condiciones de trabajo a futuro.
