A menos de una semana de que la reforma laboral sea debatida en el Senado de Argentina, la mesa política del Gobierno nacional viene consolidando una postura intransigente respecto a modificar aspectos centrales del texto, especialmente aquellos vinculados al capítulo fiscal que incluye una reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades.
En reuniones de la mesa política celebradas en la Casa Rosada, en las que participaron funcionarios de alto rango como la jefa del bloque oficialista Patricia Bullrich, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y otros ministros, se impuso la idea de aprobar la reforma tal como fue redactada, sin introducir cambios significativos a pesar de las demandas que surgieron desde diversas provincias sobre los costos fiscales del proyecto.
Según fuentes consultadas, la posición que ha ganado terreno dentro del Ejecutivo es clara: “o se aprueba así como está, o no sale”, en referencia a la determinación de no realizar ajustes al texto original que modifique de manera sustancial el espíritu de la reforma. Esto refleja una postura dura frente a las presiones de mandatarios provinciales que pedían compensaciones o modificaciones específicas.
Bullrich ha señalado en negociaciones con aliados que el bloque oficialista cuenta con los votos necesarios para que la reforma obtenga media sanción en el Senado, lo que fortalece la postura de quienes defienden la idea de mantener el proyecto sin concesiones.
La controversia principal gira en torno al capítulo del proyecto que propone bajar Ganancias para impulsos de competitividad, lo cual implicaría una menor recaudación coparticipable para las provincias, generando resistencias de gobernadores que temen un impacto negativo en sus ingresos. No obstante, desde el Ejecutivo sostienen que estos cambios son necesarios para mejorar la competitividad y la formalización del empleo.
Aunque esta postura intransigente prevalece por el momento, existen voces dentro del mismo oficialismo que reconocen la posibilidad de negociar ajustes menores en algunos artículos sin alterar los lineamientos esenciales, con el objetivo de facilitar acuerdos más amplios antes del tratamiento en comisiones y en el recinto.
En paralelo, la suspensión de una reunión de gobernadores que buscaba articular un frente común para reclamar cambios en Ganancias fue interpretada por parte del Gobierno como un signo de que la tendencia mayoritaria de respaldar la reforma sin modificaciones sigue firme, al menos en la etapa actual de las negociaciones.
Algunos mandatarios provinciales mantienen una postura crítica, pero consideran que aún hay márgenes para discutir ajustes hasta o incluso durante el mismo tratamiento legislativo, una posibilidad que no está del todo descartada según analistas consultados.
El clima político en torno a la reforma refleja una combinación de firmeza oficial y tensiones con sectores territoriales e incluso con aliados de diálogo, lo que sitúa al debate en un punto de máxima atención cuando el Senado comience con el análisis formal del proyecto en los próximos días.
En caso de avanzar sin cambios profundos, la reforma laboral podría convertirse en una pieza legislativa emblemática para el Gobierno, pero también podría generar resistencias adicionales tanto en el Interior como entre sectores sociales que reclaman mayores espacios de negociación y protección de derechos laborales.
