Pablo Grasso en el ojo de la tormenta: Corrupción, malversaciones, y una gestión deplorable

Santa Cruz – En un nuevo episodio de corrupción que salpica a la política local, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, es señalado por múltiples irregularidades en su gestión. Con acusaciones que van desde la malversación de fondos públicos hasta la concesión de terrenos fiscales a su entorno cercano, la situación plantea serias interrogantes sobre la ética y la integridad en el servicio público en cuanto a la gestión de Pablo Grasso.

Fueron varias las veces en las que Grasso terminó en el ojo de la tormenta por controversias en torno a la transparencia de su gestión. Una de ellas fue la firma del contrato de comodato por 50 años entre la Municipalidad de Río Gallegos y la empresa PERMACO S.R.L., formalizado en diciembre de 2022 y ratificado en marzo de 2023, que permite a la empresa de su socio, Gustavo Mamani, el uso de un terreno fiscal de 497 metros cuadrados para la construcción de un restó-bar.

Dos semanas antes de la ratificación del comodato, se constituyó una sociedad entre PERMACO S.R.L.y Mg&V S.A.S., la empresa de Silvina Valeria Segurondo, esposa de Pablo Grasso, cuyo objeto social es la explotación comercial de bares y restaurantes (coincidiendo con la actividad que PERMACO S.R.L. debe desarrollar en el terreno en cuestión). Este contrato se alinea sospechosamente con el proyecto del «Polo Gastronómico» anunciado por la Municipalidad en abril de 2023, sólo dos semanas después de la firma del contrato. Como si esto fuera poco, el comodato establece que PERMACO S.R.L. puede ceder la explotación comercial del terreno.

En una medida no menos polémica, el 17 de julio de este año, el intendente de Río Gallegos reinstauró el pago de “sumas en negro” en los salarios de los trabajadores municipales a través del decreto Decreto 5115, que introduce un ítem denominado “Reconocimiento al mérito”. El problema es que los montos pueden ser utilizados como una herramienta de control y coacción sobre los 4,000 empleados municipales, los cuales pueden interpretarse como “premios” o “castigos” según el caso, incentivando a la militancia política en beneficio de su gestión. Este tipo de prácticas se eliminaron tras luchas sindicales en 2006-2007, pero Grasso pretende reintroducirlas aún sabiendo que estas sumas son no remunerativas y no computan para jubilaciones.

Lo que sí contribuye a las jubilaciones es el significativo aumento salarial que Grasso se otorgó a sí mismo y a sus funcionarios en mayo de este año, mediante la creación de un nuevo concepto de pago denominado “Adicional Remunerativo y Bonificable por Función Jerárquica Exclusiva”. Este aumento, que alcanzó un 137% para el intendente y los concejales, y un 94% para otros altos funcionarios, se implementó de manera que también contribuye a su base jubilatoria, lo que lo convierte en un incremento encubierto.

Fue con este mismo mecanismo de auto asignación de recursos que Pablo Grasso, en marzo de este año, se otorgó a sí mismo viáticos y movilidad por un total de 1.614.690 pesos, según el Decreto municipal Nº 1609, para un simple viaje a Córdoba, justificándose bajo la premisa de asistir a la “Noche de los Intendentes”. Episodios como este son habituales en la corrupta gestión actual de Río Gallegos.

En defínitiva, la gestión de Pablo Grasso revela un panorama inquietante para la administración pública en Río Gallegos y pone de manifiesto un entramado de medidas para beneficio personal por parte del intendente. La combinación de sociedades sospechosas, aumentos salariales encubiertos y la concesión de terrenos a miembros de su círculo íntimo incrementan el descontento hacia una gestión ineficiente desde donde se la mire.