Mahiques desplazó a los jefes de organismos que investigaban a la AFA y reordena el área judicial del Gobierno

El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, inició una profunda reestructuración en organismos clave del área judicial y administrativa del Estado al solicitar la renuncia de varios funcionarios que encabezaban dependencias bajo su órbita. Entre los cambios más significativos se encuentran las salidas de autoridades vinculadas a investigaciones que involucraban a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en un contexto de tensión entre el Gobierno nacional y la conducción del fútbol argentino.
La decisión forma parte de los primeros movimientos de Mahiques tras asumir al frente del Ministerio de Justicia en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, dentro de una reorganización institucional impulsada por la administración del presidente Javier Milei. Según fuentes oficiales, el nuevo titular de la cartera solicitó la renuncia de funcionarios políticos en varios organismos dependientes del ministerio, entre ellos la Unidad de Información Financiera (UIF), la Inspección General de Justicia (IGJ) y otras áreas con competencias en control institucional y financiero.
Uno de los focos más sensibles de la reorganización se vincula con la IGJ, organismo que había avanzado recientemente con medidas de supervisión sobre la AFA. La dependencia había solicitado la designación de veedores dentro de la entidad que preside Claudio Tapia, con el objetivo de analizar distintos aspectos administrativos y contables, incluyendo los estados financieros de 2025 y las relaciones comerciales de la organización con diversas empresas.
Las investigaciones también buscaban recabar información sobre operaciones comerciales y vínculos con firmas nacionales e internacionales, además de revisar la estructura institucional del proyecto educativo impulsado por la entidad, conocido como Universidad del Fútbol Argentino (UNAFA). Estas iniciativas habían colocado a la conducción de la AFA bajo un creciente escrutinio administrativo, en medio de disputas políticas y regulatorias con el Ejecutivo nacional.
En paralelo, los cambios en organismos como la UIF adquieren relevancia por el rol estratégico que cumplen en el seguimiento de operaciones financieras y posibles irregularidades económicas. La entidad tiene funciones clave en la prevención del lavado de dinero y el monitoreo de movimientos financieros sospechosos, lo que la convierte en un actor central dentro del sistema de control estatal.
La reconfiguración del área judicial también refleja una disputa interna dentro del oficialismo por la conducción política del Ministerio de Justicia. La llegada de Mahiques consolidó la influencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dentro del esquema de poder del Gobierno, en detrimento del asesor presidencial Santiago Caputo, quien tenía incidencia en la estructura anterior del área.
En el plano institucional, la reorganización también busca acelerar el proceso de cobertura de vacantes en el Poder Judicial. El Ejecutivo nacional pretende avanzar en el nombramiento de cientos de jueces federales y nacionales para cubrir cargos vacantes, un proceso que requerirá negociaciones políticas en el Senado para lograr la aprobación de los pliegos correspondientes.
El desembarco de Mahiques en el Ministerio de Justicia ocurre además en medio de un contexto complejo en la relación entre el Gobierno y la AFA, entidad rectora del fútbol argentino y una de las organizaciones deportivas más influyentes del país. Las decisiones adoptadas en los organismos de control, así como los cambios de funcionarios, podrían incidir en el desarrollo de investigaciones administrativas que involucran a la conducción del fútbol nacional y en la dinámica política que rodea al sector.
Con estos movimientos, el Gobierno busca consolidar una nueva conducción en áreas sensibles del aparato judicial y administrativo del Estado. Al mismo tiempo, la reconfiguración abre interrogantes sobre el futuro de las investigaciones en curso y sobre el impacto político que estos cambios podrían tener en la relación entre el Ejecutivo, el sistema judicial y las instituciones deportivas del país.





