El escándalo por la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo con la difusión de evidencias que contradicen las explicaciones públicas del presidente Javier Milei y refuerzan las sospechas sobre su rol en el lanzamiento y promoción del activo digital. La acumulación de pruebas técnicas, registros de comunicaciones y reconstrucciones cronológicas del episodio configura un escenario de creciente presión política e institucional sobre el Gobierno.
Uno de los elementos centrales surge del peritaje al teléfono del empresario Mauricio Novelli, señalado como intermediario en el proyecto. Los registros de llamadas y mensajes revelan una comunicación fluida entre el entorno presidencial —incluyendo al propio mandatario y a su hermana— y los impulsores de la criptomoneda en las horas previas y posteriores a su lanzamiento. Este dato contradice la versión oficial, que sostenía un desconocimiento de los detalles del emprendimiento.
La reconstrucción de los hechos también pone en cuestión la narrativa presidencial sobre su intervención. Milei había afirmado que solo “difundió” información pública, pero la evidencia indica una participación activa en un momento clave: su publicación en redes sociales fue determinante para disparar el valor del token, que luego se desplomó, generando pérdidas millonarias para miles de inversores.
Otro punto crítico es el tiempo de reacción del mandatario frente al colapso del activo. Según el análisis de la secuencia temporal, Milei tardó más de cinco horas en eliminar el mensaje original y emitir una aclaración, pese a que la caída del precio ya se había producido. Este retraso alimenta sospechas sobre posibles intentos de sostener el valor del token o evitar un derrumbe inmediato.
A esto se suma la falta de explicaciones sobre decisiones y movimientos internos durante ese período. Dirigentes de la oposición señalaron inconsistencias en las versiones oficiales, incluyendo la necesidad de aclarar públicamente que la cuenta presidencial no había sido hackeada, lo que evidencia un contexto de confusión y posibles maniobras defensivas dentro del oficialismo.
En paralelo, investigaciones judiciales y periodísticas avanzan sobre posibles acuerdos económicos vinculados a la promoción del token. Documentos y registros filtrados sugieren la existencia de negociaciones por montos millonarios para respaldar el proyecto, lo que, de confirmarse, implicaría un nivel de involucramiento mucho mayor al reconocido públicamente por el Presidente.
El impacto político del caso se amplifica por el contraste con el discurso fundacional del Gobierno. La administración libertaria había construido su legitimidad sobre la promesa de transparencia y ruptura con prácticas de la “casta política”. Sin embargo, el escándalo $LIBRA es interpretado por distintos sectores como un golpe directo a esa narrativa, al asociar al poder ejecutivo con un esquema que perjudicó a inversores minoristas.
En el plano institucional, el caso derivó en la conformación de una comisión investigadora en el Congreso y en múltiples pedidos de explicaciones por parte de la oposición. No obstante, la falta de avances contundentes en la investigación judicial y la negativa del Gobierno a ampliar su colaboración alimentan críticas sobre un posible encubrimiento o, al menos, una estrategia de dilación política.
El episodio también expone una dimensión internacional, dado que el lanzamiento y colapso del token tuvo repercusiones en distintos países y generó pérdidas significativas a inversores fuera de Argentina. Esto amplía el alcance del conflicto y eleva el riesgo de derivaciones judiciales en otras jurisdicciones.
En definitiva, la acumulación de pruebas en el caso $LIBRA no solo compromete la consistencia del relato oficial, sino que instala un cuestionamiento más profundo sobre la relación entre poder político y negocios privados. La evolución de la causa será clave para determinar si se trata de un escándalo acotado o de un punto de inflexión en la estabilidad política del Gobierno.
