La Provincia de La Rioja y representantes del Gobierno nacional mantuvieron una reunión con eje principal en los llamados “fondos extra” que la provincia reclama desde hace décadas y que buscan ser incorporados en el Presupuesto Nacional 2026, en medio de un contexto económico adverso para las jurisdicciones con menor recaudación propia.
El encuentro, que se desarrolló en diciembre de 2025, contó con la participación de Martín Menem, presidente de la **Cámara de Diputados de la Nación, y Diego Santilli, ministro del Interior nacional, junto al jefe de Gabinete riojano, Juan Luna, y legisladores nacionales por La Rioja tanto del Partido Justicialista como de otras fuerzas políticas. En la reunión, las autoridades provinciales solicitaron formalmente que los recursos extracoparticipables que históricamente compensaban la pérdida de un punto de coparticipación federal sean contemplados en el Presupuesto Nacional 2026.
Los denominados “fondos extra” provienen de una práctica de transferencias no automáticas ni coparticipables que compensaban a La Rioja por la merma de recursos luego de la vigencia de la Ley de Coparticipación Federal de 1988. La provincia argumenta que estos aportes representan un derecho adquirido más que un subsidio y que su incorporación al presupuesto es esencial para garantizar el funcionamiento adecuado del Estado local, incluyendo el pago a salarios y obras públicas.
Durante la reunión, el jefe de Gabinete riogano sostuvo que el diálogo fue “de escucha”, aunque subrayó que ha sido un reclamo legítimo y que trasciende banderías partidarias, enfatizando que la falta de esos fondos genera problemas operativos en la gestión provincial. Luna planteó que si los fondos se incorporaban al proyecto de presupuesto, los diputados nacionales riojanos acompañarían la iniciativa, subrayando la importancia de la previsibilidad financiera para la provincia.
No obstante, el proceso parlamentario enfrentó dificultades. En el **proyecto de Presupuesto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, la cláusula que contemplaba los fondos extra no fue incluida, lo que dejó a La Rioja en una situación de incertidumbre financiera para 2026. La exclusión de esos recursos ha sido interpretada por dirigentes provinciales como un golpe al federalismo y un desafío a la capacidad de la provincia para sostener su gestión pública con recursos propios y la coparticipación ordinaria, que además viene decreciendo en términos reales.
El reclamo de La Rioja por estos “fondos extra” no es nuevo y se vincula a estructuras de compensación que integran la práctica administrativa desde hace décadas, aunque su institucionalización efectiva nunca se completó de forma permanente en la legislación nacional. Gobernadores y legisladores riojanos han insistido en que su incorporación en el presupuesto no debe estar sujeta a negociaciones circunstanciales, sino a un reconocimiento de derecho lógico y federal que contribuye al equilibrio fiscal entre jurisdicciones heterogéneas.
El resultado de la reunión y las gestiones posteriores marcaron un punto de tensión político-institucional entre la Provincia y la Nación, exhibiendo no solo las diferencias en la visión respecto de la distribución federal de recursos, sino también las dificultades para articular un consenso dentro del Congreso Nacional sobre temas que impactan directamente en la viabilidad financiera de gobiernos subnacionales con menor capacidad de generación de ingresos propios.
En síntesis, el diálogo entre La Rioja y el Gobierno nacional por los fondos extra pone en evidencia las tensiones entre demandas provinciales de equidad fiscal y la agenda financiera central en un contexto de ajustes económicos nacionales, un debate que continúa condicionando la aprobación del Presupuesto 2026 y la estabilidad presupuestaria provincial.
