Un fallo de la Justicia federal introdujo un giro en la política social del Gobierno nacional al ordenar la continuidad del programa “Volver al Trabajo”, suspendiendo su eliminación hasta que exista una sentencia definitiva. La medida cautelar impacta directamente en casi 900 mil beneficiarios en todo el país y tiene un efecto particular en provincias como La Rioja, donde alcanza a cerca de 12.000 personas.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Federal de Campana, que hizo lugar a una presentación judicial contra la interrupción del programa prevista para mayo. El tribunal dispuso que el Estado nacional continúe con el pago de las prestaciones económicas en un plazo inmediato, al considerar que su eliminación sin reemplazo adecuado podría vulnerar derechos básicos.
El conflicto se originó tras el anuncio del Ministerio de Capital Humano de avanzar con la eliminación del programa y su reemplazo por un sistema de vouchers orientado a la capacitación. Sin embargo, el juez entendió que esa alternativa no garantiza condiciones equivalentes a la asistencia económica vigente, especialmente para sectores en situación de vulnerabilidad.
Entre los fundamentos del fallo, se destaca que el “corte abrupto” de las prestaciones compromete derechos vinculados al trabajo, la seguridad social y el acceso a un nivel de vida adecuado. La resolución subraya además el carácter “social” del programa y advierte que su cancelación podría resultar arbitraria e irrazonable en el contexto actual.
En términos concretos, cada beneficiario percibe alrededor de 78.000 pesos mensuales, un ingreso que, aunque limitado, funciona como complemento esencial para trabajadores informales y sectores de la economía popular. La continuidad del programa, por lo tanto, tiene un impacto directo en la subsistencia cotidiana de cientos de miles de personas.
El efecto territorial del fallo adquiere especial relevancia en La Rioja. Según estimaciones de referentes sociales, la medida beneficiará a casi 12.000 riojanos y permitirá sostener un flujo económico cercano a los 1.000 millones de pesos mensuales dentro de la economía local, especialmente en comercios de cercanía y circuitos barriales.
Desde el ámbito de la economía popular, la resolución judicial fue interpretada como un respaldo a los reclamos del sector. Dirigentes de organizaciones sociales señalaron que la eliminación del programa implicaba dejar sin ingresos a una población vulnerable y destacaron la urgencia del fallo para garantizar los pagos en el corto plazo.
No obstante, el escenario sigue abierto. El Gobierno nacional fue intimado a responder en un plazo de cinco días, lo que introduce incertidumbre sobre el cumplimiento efectivo de la medida cautelar. Ante este contexto, organizaciones sociales mantienen un estado de alerta y no descartan nuevas acciones si el fallo no se implementa.
En el plano político, la decisión judicial reabre el debate sobre el rediseño de las políticas sociales y el alcance del ajuste fiscal impulsado por el Ejecutivo. La tensión entre la necesidad de reordenar el gasto público y la protección de sectores vulnerables se posiciona como uno de los ejes centrales de la discusión.
Asimismo, el fallo sienta un precedente institucional relevante. La intervención judicial en una política pública de alcance nacional refleja el rol del Poder Judicial como árbitro en conflictos donde se ponen en juego derechos sociales, especialmente en contextos de reformas estructurales.
Finalmente, la continuidad del programa “Volver al Trabajo” se convierte en un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y los sectores de la economía popular. La resolución no solo garantiza ingresos en el corto plazo, sino que también condiciona el diseño de futuras políticas sociales en un escenario atravesado por tensiones económicas y demandas sociales persistentes.
