La Corte Suprema de Justicia de la Nación convoca audiencia por la deuda de coparticipación de la provincia de La Rioja con la Nación
La provincia de La Rioja logró un avance relevante en su disputa judicial contra el Estado nacional: la Corte Suprema fijó para el 3 de diciembre de 2025 a las 11 horas una audiencia de conciliación obligatoria entre ambas partes, en el marco del reclamo por la deuda generada por el recorte del “punto extra” de coparticipación que el Gobierno nacional dejó de enviar.
El litigio nace del reclamo de La Rioja por fondos que, según la provincia, fueron previstos en la Ley de Presupuesto 2023 (Artículo 83) y que la Nación no remitió, lo que –según el gobierno provincial– afectó gravemente las finanzas de la provincia. En este sentido, la audiencia convocada por la Corte representa una instancia obligatoria de conciliación previa al avance del juicio, acorde al artículo 360 del Código Procesal Civil.
En los considerandos del gobierno riojano se destaca que la deuda —actualizada— rondaría los US$ 1.300 millones para los ejercicios 2023, 2024 y lo que va de 2025, por “la falta de transferencia de fondos coparticipables y partidas históricas” que sostienen el gasto público provincial.
Para La Rioja, este paso judicial no sólo reviste importancia económica sino también política: recuperar estos fondos significa fortalecer su autonomía financiera frente al Estado nacional, y preservar programas esenciales que dependen de esos recursos.
Por su parte, el contexto nacional revela que no sólo La Rioja sino varias provincias están en conflicto con la Nación por deudas previsionales, retenciones de fondos federales o reducciones en la masa coparticipable, lo cual pone a la Corte frente a una carga judicial de gran escala.
Ahora, el foco de atención estará en la audiencia del 3 de diciembre. Allí, ambas partes deberán presentarse con sus planteos: la provincia con un detalle de lo adeudado y la Nación con su defensa o propuesta de solución. El resultado de esta instancia puede condicionar seriamente el curso del litigio: un acuerdo de conciliación podría evitar años de juicio, mientras que una negativa de la otra parte podría llevar el caso a prolongados debates judiciales que podrían afectar las cuentas públicas provinciales.
