Justicia federal ordena devolver a UATRE la obra social de trabajadores rurales y revierte intervención impulsada por el Gobierno
La Justicia Federal Argentina dictó un fallo que pone fin a la intervención judicial de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), decisión que representa un revés para el Gobierno nacional y sus operadores en ese proceso y restituye la conducción de la entidad a José Voytenco, dirigente de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), elegido por los propios afiliados.
El juez federal Sebastián Casanello aceptó un planteo formulado por el fiscal federal Guillermo Marijuán y determinó que ya no están reunidos los requisitos legales que justificaban la prolongada intervención de la obra social, que había sido dispuesta originalmente en octubre de 2024 por otro magistrado, Federico Villena, a instancias de la Administración Nacional y con respaldo de sectores alineados con el ministro de Salud Mario Lugones y dirigentes como Eduardo “Lule” Menem.
Con la resolución, OSPRERA —una de las obras sociales sindicales más grandes del país— vuelve a manos de sus autoridades electas por los trabajadores rurales y estibadores, encabezadas por Voytenco, quien fue desplazado de la conducción durante la intervención que duró aproximadamente 15 meses. El fallo también ordena el levantamiento de medidas cautelares sobre las cuentas y la política institucional de la entidad que habían acompañado la administración interventora.
La intervención había sido muy cuestionada por la UATRE y por organismos gremiales por considerar que atentaba contra la autonomía sindical y el autogobierno de la obra social, una entidad clave para la cobertura de salud de cientos de miles de afiliados rurales y estibadores. En ese sentido, la decisión de Casanello subraya que ya no existen fundamentos jurídicos suficientes para sostener la intervención y que las autoridades legítimamente electas deben recuperar sus funciones en OSPRERA.
Sectores gremiales y dirigentes de UATRE celebraron el fallo, que fue calificado como un hito para la autonomía sindical y la defensa de los derechos de los afiliados, y reclamaron que se restablezca la normal provisión de prestaciones médicas afectadas por la prolongada intervención. La organización también anticipó que el retorno a la gestión de la obra social implicará un proceso de reconstrucción y ordenamiento de las prestaciones, tras meses de discontinuidad administrativa y administrativa.
El contexto de la intervención había estado marcado por acusaciones de irregularidades administrativas y denuncias judiciales vinculadas al manejo de fondos y contratos durante el período en que la obra social estuvo bajo tutela estatal. Además, parte de la controversia incluyó cuestionamientos sobre pagos y adjudicaciones que involucraron a proveedores y a personas con vínculos cercanos al entorno gubernamental anterior.
Con el fin de la intervención, la obra social de UATRE —que presta servicio a trabajadores rurales y estibadores en todo el país— recupera el control institucional que había delegado en manos de un administrador provisorio, lo que pone fin a uno de los capítulos judiciales más relevantes en la disputa entre el Estado y las organizaciones sindicales por el control de sus estructuras de salud.
En definitiva, la decisión judicial de restituir la OSPRERA al sindicato y a su conducción elegida por afiliados representa un duro golpe para la estrategia estatal de intervención y un triunfo significativo para la defensa de la autonomía gremial y el autogobierno sindical en los servicios de salud producidos por las entidades de trabajadores rurales.
