Gobierno ofrece una nueva ley para compensar a las universidades en el marco de la controversia por la financiación educativa
El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, anunció la preparación de un proyecto de ley específico para “compensar” a las universidades públicas, en un intento por responder a fallos judiciales adversos y a la crítica situación presupuestaria del sistema universitario argentino. La iniciativa fue presentada en reuniones con rectores de diversas casas de estudio y dirigentes universitarios, en un contexto de fuerte debate sobre la financiación de la educación superior y la implementación de leyes ya sancionadas pero aún no ejecutadas.
La medida surge tras un fallo de la Justicia y la reclamación de rectores y gremios por la falta de cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795), que había sido aprobada por el Congreso pese al veto presidencial y que obliga al Estado a actualizar los presupuestos de salarios y funcionamiento en base al índice de precios al consumidor desde diciembre de 2023 hasta ahora.
Aunque esa norma fue promulgada, el Ejecutivo nunca asignó los fondos correspondientes, lo que generó una batalla jurídica en la que diversas universidades —incluida la Universidad de Buenos Aires (UBA)— recurrieron a la justicia para exigir su cumplimiento efectivo. En diciembre de 2025, un juez federal llegó a suspender un decreto que condicionaba la ejecución de la ley a una definición previa de fuentes de financiación, ordenando su aplicación inmediata.
La nueva ley propuesta por el Gobierno buscaría reemplazar o reconfigurar el marco legal actual, ofreciendo una recomposición salarial del 12,3 % en tres tramos para compensar los ingresos del año anterior, así como la reapertura de negociaciones paritarias cada dos meses para equilibrar las variaciones salariales proyectadas para 2026. Además, se propondría aplicar un mecanismo similar para fondos presupuestarios operativos y de gastos de funcionamiento de las universidades.
El Ejecutivo pretende con esta iniciativa evitar litigios contra ministros y funcionarios, que podrían enfrentar condenas por incumplimiento del deber de funcionario público ante la negativa a ejecutar la ley vigente, y también minimizar la presión de sectores académicos y docentes que amenazan con medidas de fuerza o incluso con la no iniciación del ciclo lectivo por falta de financiamiento adecuado.
En los encuentros con rectores, el subsecretario de Política Universitaria, Alejandro Álvarez, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, plantearon que el nuevo proyecto podría incorporarse a la agenda legislativa durante el período de sesiones extraordinarias o bien en marzo, cuando se reanuden las actividades parlamentarias de pleno derecho. Las conversaciones reflejan diferencias sobre cómo saldar el atraso salarial de 2025; los rectores han planteado la posibilidad de concentrar la compensación en pagos más rápidos en lugar de escalonados en el semestre.
El anuncio del Gobierno se produce en medio de un escenario de tensiones políticas sobre el presupuesto educativo y la autonomía universitaria, donde organizaciones gremiales universitarias han advertido que, sin la ejecución efectiva de la Ley de Financiamiento, las clases y actividades académicas de 2026 podrían verse afectadas o incluso no iniciarse. Estas advertencias se apoyan en la crítica situación presupuestaria que atraviesan varias casas de estudio nacionales y el reclamo de actualización de salarios y becas en línea con la inflación acumulada.
Desde el punto de vista institucional, la oferta de una nueva ley implica reestructurar el diálogo entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y las universidades para definir un mecanismo de financiamiento que sea jurídicamente sustentable y que desactive los conflictos con la justicia, al tiempo que garantiza cierta previsibilidad presupuestaria para el sistema universitario. La iniciativa también se inserta en un marco de tensiones sobre el rol del Estado en la financiación de la educación superior pública y las prioridades fiscales en el contexto de metas de equilibrio presupuestario defendidas por el Gobierno.
En síntesis, la propuesta de una ley específica para compensar a las universidades representa un intento oficial por dar respuesta política y legal a una disputa presupuestaria que ha puesto en jaque la ejecución de normas aprobadas por el Congreso y ha generado un amplio reclamo dentro del sector académico argentino, con implicancias tanto educativas como institucionales para 2026.
