El Gobierno nacional de Argentina oficializó la declaración de Emergencia Ígnea por un año en varias provincias del sur del país que están siendo gravemente afectadas por los incendios forestales, mediante la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
La medida fue publicada este 30 de enero de 2026 en el Boletín Oficial bajo el Decreto 73/2026, y alcanza a las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, donde los focos ígneos vienen avanzando desde principios de enero, consumiendo decenas de miles de hectáreas de bosques nativos y zonas rurales ante condiciones climáticas adversas que dificultan su control.
Con la declaración de emergencia, el Poder Ejecutivo busca agilizar y coordinar el combate del fuego, simplificar la asignación de recursos y fortalecer la respuesta del Estado argentino frente a la crisis ambiental, que también pone en riesgo comunidades rurales, infraestructura y áreas naturales protegidas.
El decreto no solo establece la Emergencia Ígnea, sino que también declara a esos territorios como zona de desastre, lo que habilita la movilización de fondos, equipos técnicos y apoyo logístico con mayor flexibilidad administrativa y presupuestaria dentro del marco de la Ley de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil.
Entre las medidas que se habilitan, se prevé la coordinación de la presupresión y combate de incendios forestales, la restauración de las áreas ya afectadas y la prevención de nuevos focos ígneos, articulando la actuación de organismos nacionales, provinciales y municipales, así como la asistencia a brigadistas, bomberos y comunidades afectadas.
La decisión fue tomada tras varias semanas de intensos incendios que, en regiones como el Parque Nacional Los Alerces en Chubut, han destruido miles de hectáreas de bosque nativo y generado fuertes reclamos de los gobernadores provinciales para que el Gobierno nacional adopte medidas urgentes y coordinadas ante la magnitud del desastre.
La emergencia ígnea permite al Ejecutivo redistribuir recursos y reestructurar partidas presupuestarias para responder de forma más eficiente a la crisis, evitando la demora que implicaría el tratamiento exclusivamente legislativo de estas decisiones, y facilitando la llegada de apoyos financieros, logísticos y técnicos a las zonas más afectadas.
Además de la declaración de emergencia, el Gobierno ya ha girado aportes urgentes a las provincias más comprometidas, como los 4.000 millones de pesos destinados a Chubut, y sumado financiación para fortalecer la labor de los Bomberos Voluntarios que combaten las llamas en varios frentes.
La medida se implementa en un contexto en el que los incendios forestales patagónicos han generado preocupación tanto por su impacto ambiental como por sus efectos sociales y económicos en las comunidades locales, y donde las autoridades nacionales buscan coordinar acciones rápidas ante un fenómeno que, por su extensión y complejidad, ha excedido las capacidades de respuesta tradicionales.
