El TSJ desmiente versiones sobre un supuesto “plus exclusivo” en sueldos judiciales

El martes 9 de diciembre de 2025, autoridades del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja respondieron a rumores y versiones mediáticas que afirmaban que los jueces de la provincia perciben un “plus por antigüedad” de forma indebida. Según explicaron, esas versiones carecen de fundamento: el régimen salarial del Poder Judicial se ajusta a normativa vigente, y el adicional en cuestión no constituye un beneficio exclusivo sino un componente regular de remuneración, aplicable a magistrados, fiscales, defensores y demás funcionarios judiciales.

Qué dijo el TSJ

• El presidente del TSJ —cite el diario— aclaró que el supuesto “plus exclusivo” denunciado por un exdiputado no existe: el ítem de antigüedad forma parte del esquema salarial general del Poder Judicial.

• Señaló además que la denuncia presentada por el exdiputado resultó “manifiestamente improcedente”, pues fue realizada fuera de plazo y sin cumplir los requisitos establecidos por el Código Procesal Civil.

• El organismo remarcó la necesidad de recurrir a información oficial y verificada, evitando la difusión de rumores o versiones infundadas que generen “confusión o preocupación” en la comunidad.

Contexto y polémica: ¿qué se había denunciado?

La polémica había surgido tras una acusación pública del exdiputado provincial —no identificada explícitamente en esta nota— que cuestionaba la vigencia del régimen de antigüedad —asegurando que la norma original había sido derogada—, lo que, según él, invalidaba el pago del adicional a los jueces.
Ese cuestionamiento despertó dudas sobre posible “privilegio” o irregularidad en los haberes judiciales, en un contexto en el que muchos sectores de la provincia denuncian salarios bajos y dificultades económicas generales.

Para disipar esas dudas, el TSJ difundió un comunicado oficial negando las acusaciones y ratificando que la estructura salarial se rige por la normativa vigente y con plena transparencia.

Qué implica para la comunidad y la institucionalidad

• La aclaración busca proteger la credibilidad del Poder Judicial: permitir que circulen acusaciones sin sustento podría socavar la confianza pública en los tribunales.

• Al confirmar que no hay cobros indebidos, el TSJ deja claro que los salarios judiciales se mantienen dentro de un marco legal, lo que evita estigmatizaciones injustas y protege a magistrados y empleados del sistema.

• Además, la polémica pone en evidencia la necesidad de transparencia y comunicación institucional: en contextos de crisis económica y reclamos salariales, cualquier sospecha debe canalizarse con datos públicos y verificables.