El Gobierno pone en la mira a Sturzenegger por el escándalo del contrato de su esposa y tensiones en la reforma laboral
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se ha convertido en el centro de una creciente controversia política dentro del propio Gobierno y de la oposición, en torno a su protagonismo en algunos artículos polémicos de la reforma laboral y, sobre todo, por el escándalo generado por un contrato millonario adjudicado a una entidad vinculada directamente a su esposa.
En la Casa Rosada hay un fuerte malestar con Sturzenegger por la inclusión en el proyecto de reforma laboral —que obtuvo media sanción en el Senado— de artículos que introducen cambios en las licencias por enfermedad que implican reducciones salariales y la polémica denominada “cláusula Galperin”, que habilitaba que billeteras virtuales paguen salarios, generando resistencia incluso dentro de sectores aliados.
Estas incorporaciones técnicas al texto, que se habrían producido a último momento y sin consenso amplio dentro del oficialismo, han complicado las negociaciones en la Cámara de Diputados, donde el tratamiento de la ley enfrenta negociaciones urgentes y presiones de distintos sectores políticos y sindicales para limitar o modificar esos puntos del proyecto.
Más allá de las tensiones técnicas, lo que ha escalado la polémica es la **denuncia penal presentada contra Sturzenegger y otros funcionarios por un contrato adjudicado a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) —entidad cuyo director ejecutivo es María Josefina Rouillet, esposa del ministro— por $114.044.133 destinados a capacitaciones en inglés para el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Abogados de la agrupación RESET Republicano presentaron una denuncia penal ante la Cámara Criminal y Correccional Federal acusando a Sturzenegger y a autoridades de la Oficina Anticorrupción y otros organismos de la posible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, al alegar que no se publicaron debidamente los actos en la web de la OA y podría haberse obviado la transparencia requerida por la normativa vigente.
Desde el entorno oficial se han difundido defensas técnicas del contrato, con funcionarios del área de Cancillería negando irregularidades y señalando que la adjudicación se enmarcó en procedimientos previstos, con intervención de los organismos de control —aunque el debate político continúa sobre la percepción pública de transparencia y conflicto de intereses.
La suma de estos hechos ha llevado a que, además de las fricciones internas por el avance de la reforma laboral, el Gobierno deba gestionar un foco de críticas externas que se traducen en investigaciones judiciales e intentos opositores de judicializar decisiones administrativas, con sectores como el interbloque opositor anunciando que presentarán denuncias adicionales o pedidos de investigación.
La situación ha derivado en cuestionamientos directos de la oposición, que calificó la contratación como un presunto caso de conflicto de intereses y, en algunos casos, como un elemento a sumar en la agenda de disputas políticas contra el Ejecutivo, mientras algunos legisladores aliados también han manifestado reservas sobre la oportunidad política de mantener figuras expuestas a escándalos durante el debate parlamentario.
Con todo, el caso representa un doble desafío para el Gobierno: por un lado, consolidar el respaldo a la reforma laboral, pese a las tensiones generadas por artículos controversiales que debieron ser discutidos en el Senado y que complican el paso por Diputados; y por otro, afrontar un debate público y judicial sobre la conducta de un miembro del Gabinete y su entorno familiar, en un año político intenso en el que cada gesto y decisión institucional se somete a fuerte escrutinio.
En síntesis, la polémica alrededor de Sturzenegger combina aspectos técnicos de la negociación legislativa con acusaciones de presuntas irregularidades administrativas, y pone en evidencia las tensiones en la conducción política y comunicacional del Gobierno al enfrentar simultáneamente reformas estructurales y controversias de alto impacto mediático e institucional.
