El Gobierno inicia negociaciones para la reforma laboral y busca consolidar votos en el Congreso

El Gobierno argentino dio inicio a una nueva etapa de negociaciones políticas con miras a aprobar la reforma laboral que impulsa en el Congreso de la Nación, en medio de un contexto de postergación en su tratamiento y resistencia de algunos bloques legislativos. La iniciativa, que ya obtuvo dictamen en comisión en diciembre de 2025, busca ser debatida en el Senado durante las sesiones extraordinarias de febrero de 2026 y requiere sumar voluntades más allá de los propios aliados del oficialismo para alcanzar la mayoría necesaria.

El ministro del Interior, Diego Santilli, fue designado por el Ejecutivo como responsable de encabezar las rondas de diálogo con gobernadores provinciales y legisladores clave con el objetivo de conseguir apoyos en el Senado y en la Cámara de Diputados. La primera escala de esta gira fue la provincia de Chubut, donde se reunió con su gobernador, Ignacio “Nacho” Torres, en un encuentro que combina temas políticos con cuestiones institucionales y sociales, como la atención de incendios forestales.

Una de las principales estrategias del Gobierno es ajustar la letra del proyecto para acercar posiciones con sectores que manifestaron reservas, manteniendo el “espíritu” de la reforma sin alterar su esencia, según afirmó la senadora y jefa de bloque Patricia Bullrich. Esto incluye negociar algunos artículos que han generado rechazo, como aquellos vinculados al impuesto a las ganancias de las sociedades, cuya modificación podría afectar la recaudación y la coparticipación de las provincias.

Dónde podrían surgir apoyos clave:

• Unión Cívica Radical (UCR): el oficialismo busca acercarse a gobernadores y legisladores de ese partido, cuyos senadores podrían aportar votos adicionales, aunque no son suficientes por sí solos para asegurar la aprobación.

• Senadores “sin techo” o no alineados estrictamente con sus bloques: figuras con mayor independencia dentro del Senado podrían aportar apoyos determinantes si se logran acuerdos puntuales.

• Mandatos provinciales con gobernadores dialoguistas: gobernadores como Gustavo Sáenz (Salta) o referentes de otras provincias que en el pasado han mostrado apertura al Gobierno son vistos como posibles aliados en la negociación.

Además de las conversaciones con mandatarios provinciales, el Ejecutivo abrirá un diálogo con la Confederación General del Trabajo (CGT) y representantes empresariales para contemplar ajustes que faciliten la aprobación de la normativa y suavicen resistencias sindicales y patronales sobre algunos puntos conflictivos. Esta instancia técnica y política se prevé comience a funcionar a mediados de enero y será clave para definir qué cambios se incorporan antes del tratamiento en el recinto.

El Gobierno aspira a tratar el proyecto de reforma laboral en el Senado a partir del 10 de febrero, dentro de la prórroga de las sesiones extraordinarias que se extenderán hasta marzo, aunque el éxito de la iniciativa dependerá de la capacidad de acumular apoyos en un Congreso que no siempre responde disciplinadamente al oficialismo y en el que varias bancadas tienen posiciones críticas o exigencias específicas.

La reforma laboral forma parte del plan de reformas estructurales que el Ejecutivo busca impulsar en 2026, junto con otras iniciativas económicas y legislativas prioritarias, en un contexto de debates intensos y tensiones entre distintos sectores políticos, sindicales y sociales.