Disuelven la Ley Ovina: fuertes críticas desde la Patagonia por el impacto en la producción rural
El Gobierno nacional oficializó la eliminación del Régimen de Promoción de la Ganadería Ovina y de Llamas, más conocido como Ley Ovina, mediante el decreto 408/2025 publicado en el Boletín Oficial. La decisión generó un inmediato rechazo por parte de dirigentes políticos, productores rurales y sectores académicos vinculados al desarrollo patagónico.
La norma, vigente desde 2001 y renovada con consenso parlamentario en 2021, contemplaba créditos blandos, asistencia técnica e incentivos para el fortalecimiento de la cadena ovina en todo el país, especialmente en provincias del sur como Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Tierra del Fuego, donde la actividad tiene un fuerte peso productivo y cultural.
¿Por qué esta ley era clave para la Patagonia?
La Ley Ovina financiaba planes prediales que permitían la mejora genética, el manejo sustentable del pastizal y la construcción de infraestructura rural básica como alambrados, aguadas y galpones.
Beneficiaba a más de 5.000 productores del sur argentino, muchos de ellos pequeños y medianos, en regiones donde la ganadería ovina es la única fuente económica estable.
Permitía sostener el empleo rural, evitar el despoblamiento de campos y fomentar la exportación de lana y carne ovina con valor agregado.
Reacciones en cadena: “Están desmantelando la Patagonia”
Desde Santa Cruz, el dirigente agropecuario Enrique Jamieson expresó que la medida “es un golpe directo a la ruralidad del sur” y lamentó que “nadie del Gobierno haya consultado a los sectores afectados”. En la misma línea, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, denunció que “se está desmantelando sistemáticamente el entramado productivo de la Patagonia”, y que esto representa “una visión profundamente unitaria”.
Por su parte, técnicos del INTA advirtieron que muchos productores que estaban comenzando a recomponer majadas tras años de sequías y predación ahora quedarán en una situación de vulnerabilidad económica crítica.
Desde la UCR patagónica y el Frente de Todos también se emitieron comunicados en contra de la medida, alertando sobre su impacto social y ambiental a mediano plazo.
¿Qué viene ahora?
La disolución de la Ley implica también la eliminación de su Comisión Asesora Técnica, lo que deja sin un canal institucionalizado la representación regional del sector ovino.
Organizaciones rurales y cámaras productivas están elaborando propuestas para presentar ante diputados patagónicos, con el objetivo de impulsar una alternativa legislativa o un nuevo régimen específico para la región.
