Diputados aprueba en general el Presupuesto 2026 pero mantiene abierta la negociación por artículos clave
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el Presupuesto Nacional 2026, en una sesión que reflejó la compleja dinámica política y legislativa en un año de estrecho control del oficialismo tras las recientes elecciones. No obstante, continúan las negociaciones por artículos considerados clave, cuya definición en la votación en particular podría modificar partes sustanciales del texto antes de que el proyecto sea remitido al Senado para su eventual sanción definitiva.
Con 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones, la iniciativa obtuvo media sanción en general, contando con el apoyo del oficialismo y sus aliados —incluidos bloques del PRO, UCR, MID y gobernadores provinciales aliados— frente al rechazo de los bloques del peronismo tradicional, la izquierda y otros sectores disidentes.
Puntos de tensión y articulado en discusión
Si bien la aprobación en general representa un avance significativo para la gestión del presidente Javier Milei —ya que sería el primer presupuesto aprobado en su mandato sin recurrir a prórrogas del plan de gastos anterior—, el debate en particular continuará más allá de la media sanción. La atención está puesta especialmente en el artículo 75 del proyecto, que proponía la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario aprobadas en 2025. Ese artículo concentró fuertes críticas incluso dentro de las filas oficialistas y de aliados, porque abría una brecha política importante y fue uno de los que podría no sobrevivir a la votación individual en los próximos días.
Durante la votación general, el oficialismo defendió su estrategia de aprobar el presupuesto por capítulos completos en lugar de artículo por artículo, lo que dificultó que la oposición se desmarcara de disposiciones polémicas integradas en paquetes más amplios y generó tensiones internas en algunos bloques aliados.
Próximos pasos en el Congreso
El texto con media sanción será enviado al Senado, donde el oficialismo buscará convertirlo en ley antes de finalizar el año legislativo, aunque la negociación parlamentaria sigue siendo clave, en particular sobre los artículos que fueron más discutidos en Diputados. Los temas en disputa no solo tienen efecto fiscal, sino también impacto político, ya que implican decisiones sobre programas sociales, financiamiento de sectores sensibles y definiciones administrativas que forman parte de la agenda de gestión para 2026.
En paralelo, distintos sectores de la sociedad civil, del mundo académico y sindicatos han expresado su preocupación por el contenido de los artículos cuestionados y alertan sobre las consecuencias de posibles recortes en áreas como educación superior y políticas de discapacidad. El debate en particular buscará equilibrar esas inquietudes con las prioridades fiscales planteadas por el Ejecutivo y sus aliados, en medio de un calendario legislativo ajustado.
