La totalidad del sector privado de la salud en La Rioja emitió un pronunciamiento conjunto para reclamar el pago urgente de una deuda acumulada por parte de la Administración Provincial de Obra Social (APOS), en un hecho inédito que refleja la gravedad de la situación financiera del sistema sanitario local.
El comunicado fue firmado por colegios profesionales, clínicas, sanatorios y centros de atención tanto de la Capital como del interior provincial, en una articulación poco frecuente que evidencia el nivel de consenso alcanzado frente a la crisis. Las entidades coincidieron en que el atraso en los pagos alcanzó un punto crítico y requiere una solución inmediata.
Según detallaron, la deuda comprende los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026, a los que se suma febrero, cuyo vencimiento se encuentra próximo. Los prestadores exigieron la cancelación inmediata de estos compromisos, así como la normalización de los plazos de pago establecidos en los convenios vigentes.
El reclamo no se limita a una cuestión financiera, sino que incorpora una advertencia directa sobre las consecuencias operativas del atraso. Las instituciones señalaron que la falta de ingresos compromete el pago de salarios, honorarios profesionales y gastos básicos de funcionamiento, lo que impacta directamente en la calidad del servicio.
En ese sentido, el sector advirtió que la continuidad de esta situación podría derivar en un deterioro progresivo del sistema sanitario provincial. La imposibilidad de sostener condiciones económicas mínimas ya genera dificultades para garantizar prestaciones regulares, lo que afecta tanto a prestadores como a afiliados.
Uno de los puntos más cuestionados es la implementación de un sistema de cupos en las prestaciones médicas, una medida adoptada por la obra social con el objetivo de contener el gasto. Según los prestadores, esta política no logró estabilizar las finanzas y, en cambio, restringe el acceso de los afiliados a servicios esenciales.
El documento también pone el foco en el impacto estructural de la crisis. Los firmantes advierten sobre un “franco deterioro” en la calidad de la atención y alertan sobre el riesgo creciente de éxodo de profesionales de la salud, ante la falta de condiciones económicas sostenibles en el sistema.
Desde una perspectiva institucional, el conflicto expone las tensiones entre el financiamiento de la salud pública provincial y la capacidad de respuesta de la obra social estatal. La acumulación de deuda y la falta de previsibilidad en los pagos aparecen como factores centrales que erosionan la estabilidad del sistema.
El reclamo también tiene una dimensión política. La unificación de todo el sector privado en un mismo posicionamiento configura una señal de presión sobre el gobierno provincial, que deberá dar respuestas en un contexto de restricciones fiscales y creciente demanda social por servicios de salud.
A pesar del escenario crítico, las instituciones manifestaron su disposición a mantener el diálogo con las autoridades y trabajar en una salida conjunta. Sin embargo, dejaron en claro que sin una regularización inmediata de los pagos, la situación podría escalar y afectar de manera más profunda el funcionamiento del sistema sanitario en La Rioja.
