Reaviva la causa ONG en La Rioja: Bosetti declara ante la Justicia, pero la relación familiar genera polémica
El empresario Néstor Bosetti, figura central en la investigación por el desvío de fondos a través de ONG de La Rioja, se presentó este martes en el juzgado federal para declarar en el marco de la causa que investiga una millonaria defraudación al Estado nacional. Según fuentes judiciales, su cuñado —quien ocupa un cargo clave en el juzgado— tomó su declaración.
Este episodio aviva las críticas sobre posibles conflictos de interés: el secretario penal del juzgado federal de La Rioja es José Combina, quien, según documentos judiciales, es pareja familiar directa de Bosetti. La relación había sido señalada como preocupante por el riesgo de parcialidad en el manejo de la causa.
El caso, que ya venía recobrando impulso tras años de estancamiento, fue reabierto por la fiscalía federal María Virginia Miguel Carmona. Según fuentes judiciales, se detectaron movimientos irregulares en transferencias bancarias desde el Estado nacional hacia fundaciones vinculadas a Bosetti y otras personas.
Además, los investigadores apuntan a una estructura organizada: la acusación no solo alcanza a Bosetti sino a varias ONG, asociaciones civiles y empresas vinculadas, con señalamiento de maniobras para triangular fondos públicos desde La Rioja.
Por su parte, el monto implicado en la causa es abultado. Según El Federal, se habrían extraído, de las cuentas asociadas a Bosetti, “más de ochocientos millones de pesos”, en varias operaciones acusadas de tener carácter sistemático.
La situación judicial se complica también por lo institucional: no solo se investiga el mecanismo de desvío de fondos, sino que la cercanía familiar entre un funcionario del juzgado y el principal imputado refuerza las sospechas de falta de imparcialidad. Este punto ha sido puesto de relieve por fuentes judiciales como uno de los elementos claves de la causa.
En este momento, la investigación parece avanzar con nuevas diligencias y mayor presión institucional. La fiscalía tendría ahora en sus manos material para profundizar el origen y destino de los fondos, y evaluar la responsabilidad penal de todos los involucrados.
