¿Quién paga la baja del impuesto a las Ganancias a las grandes empresas incluida en la reforma laboral?
La modificación del impuesto a las Ganancias para las grandes empresas incluida en la ley de reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional ha generado un intenso debate político y económico sobre quiénes absorberán el costo fiscal de esa rebaja y cuáles serán sus efectos sobre la recaudación pública.
La medida en cuestión, incorporada en el artículo 191 del proyecto de Modernización Laboral, reduce la carga del impuesto a las Ganancias para un grupo limitado de grandes sociedades. Según el análisis parlamentario divulgado por el diputado nacional Guillermo Michel, esta rebaja representa un alivio fiscal concentrado en un número reducido de empresas de mayor envergadura, aunque tiene un impacto significativo en las cuentas públicas.
Beneficiarios directos: grandes empresas
El principal efecto de la modificación es que las grandes empresas verán reducida su alícuota o carga efectiva del impuesto a las Ganancias, lo que implica una menor transferencia al fisco por ese concepto. Esta rebaja fue incluida dentro de la ley que reglamenta aspectos laborales, pero su impacto es claramente fiscal, ya que permite a estas sociedades pagar menos impuesto sobre sus utilidades.
Aunque el proyecto no detalla explícitamente un umbral preciso de ingresos o ganancias para calificar como “gran empresa”, las críticas de la oposición y de gobernadores provinciales señalan que el beneficio está concentrado en un número muy limitado de contribuyentes con alta capacidad contributiva, en contraste con el resto del tejido productivo y con las provincias receptoras de recursos.
Costo fiscal y quién lo asume
La rebaja del impuesto implica una merma en la recaudación tributaria del Estado nacional y, por extensión, de las provincias a través de los mecanismos de coparticipación que distribuyen parte de la recaudación federal. El informe de Michel advierte que las provincias perderían recursos de manera sostenida durante todo 2026, debido a la caída de lo que recibirían por Ganancias si los importes recaudados se mantienen más bajos.
En términos concretos, el costo fiscal de esa baja no lo paga directamente el sector trabajador ni el resto de contribuyentes personales, sino que se traduce en menores ingresos disponibles para el conjunto del Estado, afectando más directamente a los gobiernos subnacionales que dependen de la coparticipación y a la capacidad presupuestaria para financiar servicios públicos.
Debate político y repercusiones
La inclusión de este beneficio fiscal dentro de la ley de reforma laboral generó críticas desde sectores opositores y de gobernadores provinciales, quienes sostienen que se trata de una “reforma impositiva encubierta” que favorece a pocas grandes empresas a costa de un debilitamiento de la recaudación pública. En ese sentido, se plantea que el impacto recaudatorio recaería sobre el presupuesto general del Estado y sobre las jurisdicciones provinciales, sobre todo si no se compensan esas pérdidas con otras fuentes de ingresos.
La discusión también ha motivado advertencias sobre la necesidad de revisar el esquema de coparticipación y otras modificaciones tributarias que puedan equilibrar el efecto de la rebaja del impuesto a las Ganancias para sociedades, de modo de evitar una caída significativa de los fondos disponibles para la gestión pública.
