La Oficina Anticorrupción en la mira: denuncian encubrimiento a Milei por el caso Libra
La tensión política en torno al polémico lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo este lunes, cuando diputados de la Coalición Cívica presentaron una denuncia penal contra Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción (OA), por presunto encubrimiento y abuso de autoridad.
El foco de la presentación judicial es el dictamen con el que Melik exoneró al presidente Javier Milei de cualquier tipo de responsabilidad ética o administrativa por el caso. Según los legisladores Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, la resolución no solo fue apresurada, sino que ignoró evidencia clave que indicaría vínculos entre la Presidencia y la promoción institucional del criptoactivo que, tras su desplome, generó pérdidas millonarias a miles de usuarios.
“No se puede permitir que los organismos de control se conviertan en herramientas de blindaje político”, advirtieron los legisladores en el escrito, presentado ante la Justicia Federal. También reclamaron la apertura de correos electrónicos, mensajes internos y otras comunicaciones entre funcionarios del Ejecutivo nacional que habrían intervenido en la coordinación del proyecto digital.
¿Qué se investiga?
El eje central del conflicto es si el presidente Milei y su entorno utilizaron su lugar institucional para impulsar una criptomoneda privada en la que participaban actores cercanos al oficialismo. Aunque la OA descartó la existencia de faltas éticas, la oposición sostiene que la decisión se tomó sin agotar las vías probatorias, lo cual podría constituir una falta grave por parte de su titular.
La causa, en caso de avanzar, podría involucrar no solo a Melik sino también a figuras del círculo cercano del presidente, como Karina Milei, el asesor Santiago Caputo y el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Repercusiones
Desde el oficialismo minimizaron el tema y acusaron a la oposición de “politizar una herramienta técnica”. En paralelo, gremios judiciales y especialistas en ética pública volvieron a poner en debate la autonomía real de los órganos de control y la necesidad de fortalecer su independencia frente al poder político.
