La Justicia Federal resolvió desestimar y archivar la denuncia presentada contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y la senadora nacional Florencia López, al concluir que los hechos denunciados no constituyen delito. La causa se había originado a partir de declaraciones públicas realizadas por ambos dirigentes en el marco de fuertes críticas al gobierno nacional, pero el tribunal consideró que sus expresiones deben interpretarse dentro del ámbito del debate político democrático.
La acusación había sido impulsada inicialmente por el fiscal Carlos Stornelli y contemplaba imputaciones graves, entre ellas intimidación pública, apología del delito, sedición y atentado contra el orden constitucional. Sin embargo, el proceso judicial avanzó hacia su cierre luego de que la fiscalía interviniente concluyera que las manifestaciones de los dirigentes no configuraban conductas penalmente relevantes.
La resolución judicial, dictada el 27 de marzo de 2026 en el marco de la causa CFP 748/2026, dispuso el archivo definitivo del expediente conforme al artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación. El caso se tramitaba ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 9, que finalmente avaló el criterio de inexistencia de delito.
El origen del conflicto se remonta a una entrevista radial concedida por Quintela en la que el mandatario provincial cuestionó el rumbo político y económico del gobierno nacional. En ese contexto, sostuvo que la actual administración podría no llegar al final de su mandato en 2027 y mencionó antecedentes históricos de crisis institucional en la Argentina, declaraciones que fueron interpretadas por algunos sectores como una posible incitación a la violencia.
No obstante, el fiscal federal Carlos Rívolo analizó el contenido de esas afirmaciones y concluyó que debían entenderse dentro del marco de una discusión política intensa, característica de los sistemas democráticos. Según el dictamen, las palabras del gobernador no implicaban una amenaza concreta contra el orden institucional ni promovían acciones violentas.
Tras conocerse la decisión judicial, Quintela sostuvo que la denuncia había sido “absolutamente desproporcionada” y cuestionó el uso de herramientas judiciales para responder a posiciones políticas críticas. Desde su entorno consideraron que el proceso buscó tergiversar el sentido de sus declaraciones y utilizar el sistema judicial para presionar a dirigentes opositores.
Por su parte, la senadora Florencia López también se pronunció sobre el caso y recordó que la controversia se originó luego de un fuerte intercambio político en el Senado. Según explicó, sus declaraciones fueron utilizadas para acusarla de golpista y posteriormente derivaron en la presentación judicial que finalmente fue desestimada por los tribunales.
En el plano político, el cierre de la causa fue interpretado por el oficialismo riojano como una reivindicación de la libertad de expresión en el debate público. Desde ese espacio sostienen que la democracia se fortalece cuando se garantizan condiciones para la crítica y la discusión abierta entre sectores con visiones contrapuestas sobre la conducción del país.
La resolución judicial pone fin a un episodio que había generado tensión entre el gobierno provincial y sectores del oficialismo nacional. Aunque el expediente fue archivado por inexistencia de delito, el caso refleja el clima de polarización política que atraviesa actualmente el escenario institucional argentino, donde las disputas discursivas entre dirigentes suelen trasladarse también al terreno judicial.
