El costo de vida para los adultos mayores en Argentina volvió a quedar en el centro del debate económico y social luego de que un informe revelara que la canasta básica para jubilados alcanzó los $1.824.682 mensuales. La cifra expone con crudeza la brecha existente entre los ingresos previsionales y el costo real de sostener un nivel de vida mínimo para este sector de la población, ya que el monto representa aproximadamente cuatro veces el valor del haber mínimo que perciben millones de beneficiarios del sistema previsional.
El estudio fue elaborado por la Defensoría de la Tercera Edad y contempla una amplia variedad de gastos necesarios para cubrir las necesidades básicas de una persona mayor. Entre los rubros considerados figuran alimentación, vivienda, medicamentos, artículos de higiene, servicios y otros consumos habituales vinculados a la salud y el bienestar de los jubilados. La estimación busca reflejar el costo real de vida en las principales ciudades del país, donde se concentra gran parte de la población adulta mayor.
De acuerdo con el relevamiento, el gasto en medicamentos constituye uno de los componentes más relevantes de la canasta, con un promedio cercano a los $503.600 mensuales, lo que representa aproximadamente el 28% del total. A este monto se suma el gasto en alimentos, estimado en alrededor de $410.640 mensuales, equivalente al 23% de la canasta total. La vivienda también ocupa un lugar significativo dentro de la estructura de gastos, con cerca de $360.150 destinados a alquiler, mantenimiento o servicios habitacionales.
El informe revela además que el valor de la canasta experimentó un aumento del 20,5% desde octubre, lo que evidencia la persistencia de presiones inflacionarias en los bienes y servicios que consumen los adultos mayores. Esta evolución refuerza el diagnóstico de organizaciones sociales y especialistas que advierten sobre el deterioro del poder adquisitivo de los jubilados en un contexto de alta inflación y ajustes económicos.
Actualmente, el haber mínimo del sistema previsional ronda los $450.286 mensuales si se incluye el bono extraordinario de $70.000 que otorga el Estado para reforzar los ingresos de los beneficiarios de menores recursos. Aun con ese complemento, los ingresos previsionales se encuentran muy por debajo del costo estimado para cubrir las necesidades básicas de una persona mayor.
El impacto de esta brecha alcanza a más de cuatro millones de jubilados y pensionados que dependen del haber mínimo como principal fuente de ingresos. La situación también afecta a cerca de un millón de personas con discapacidad que perciben prestaciones cercanas a los $328.000 mensuales, cifras que igualmente se ubican muy lejos de los niveles de gasto necesarios para garantizar condiciones de vida adecuadas.
Frente a este escenario, distintas organizaciones que trabajan con adultos mayores advierten sobre el avance de una problemática estructural que combina factores económicos, sanitarios y habitacionales. El informe señala que desde hace varios años se observa una creciente dificultad para que los jubilados accedan a alimentos, medicamentos y servicios básicos, lo que obliga a muchos a recurrir a ayuda familiar, subsidios o incluso a continuar trabajando más allá de la edad jubilatoria.
En paralelo, desde el Gobierno nacional se han impulsado programas de descuentos y reintegros en comercios y farmacias destinados a jubilados y pensionados, con el objetivo de aliviar parcialmente el impacto del aumento del costo de vida. Estos beneficios, canalizados a través del sistema previsional y entidades bancarias, incluyen rebajas en supermercados, artículos de limpieza y medicamentos, aunque especialistas advierten que estas medidas tienen un alcance limitado frente al tamaño de la brecha entre ingresos y gastos.
La discusión sobre el poder adquisitivo de los jubilados se mantiene así como uno de los temas más sensibles dentro de la agenda económica y social del país. Mientras el Gobierno busca estabilizar las variables macroeconómicas, distintos sectores políticos y organizaciones de la sociedad civil reclaman una revisión integral del sistema previsional que permita reducir la distancia entre los haberes y el costo real de vida de los adultos mayores.
