Entre rescates, cepos y descuentos: el giro electoral del gobierno Milei

A semanas de las elecciones legislativas, el oficialismo combina gestos financieros simbólicos con medidas cambiarias exigentes. Mientras negocia un auxilio de EE. UU., controla los canales de acceso al dólar y lanza descuentos a jubilados, el interior político y económico se tensa: ¿es gestión o estrategia electoral?
1. El rescate de Trump y la cuerda floja de Argentina
Estados Unidos estaría preparando un paquete de apoyo financiero para Argentina —valor estimado en 20.000 millones de dólares— que incluiría swaps, compras de bonos y líneas de crédito condicionadas.
Pero ese rescate no es incondicional: exige reformas estructurales, metas fiscales y resultados políticos. Si el oficialismo pierde terreno el 26 de octubre, el respaldo podría verse afectado.
Sumado a esto, la Argentina entrega autonomía en materia cambiaria mientras asume compromisos con acreedores externos.
2. El cepo digital: billeteras que ya no pueden vender dólar oficial
En paralelo, explotó el caso de fintech como Cocos Capital, que dejó de ofrecer venta de dólar oficial “a pedido del proveedor” (señalado como BIND).
Mercado Pago también estaría ejecutando restricciones similares.
El Banco Central salió a aclarar que no hay nuevas normas que limiten la operatoria para personas, aunque admitió que algunas plataformas no estaban habilitadas para actuar como intermediarias de cambio.
El efecto es concreto: queda cada vez más concentrada la gestión del dólar oficial en bancos y casas de cambio autorizadas, reduciendo alternativas para el ciudadano común.
3. Descuentos a jubilados: montaje electoral o alivio social
En medio de esa tensión cambiaria, el gobierno lanzó un programa de descuentos para jubilados y pensionados, que “no tendrá impacto fiscal” —según sostiene la Casa Rosada— porque el costo sería absorbido por empresas y bancos.
El programa:
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Alcanzará más de 7 millones de beneficiarios.
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Descuento del 10 % sin tope para compras generales, y hasta 20 % para productos de perfumería y limpieza en ciertos comercios.
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Participan cadenas como Carrefour, Coto, Disco, Jumbo, Vea, La Anónima, Josimar, más autoservicios asociados a FASA.
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Si el jubilado cobra por cuenta del Banco Nación, suma un reintegro extra del 5 % vía la app MODO, y premios de interés por saldo de hasta $500.000.
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Para usuarios del Banco Galicia: hasta 25 % de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés en ciertos rubros, con topes mensuales en supermercados, farmacias y ópticas.
El gobierno lo presenta como un “círculo virtuoso”, sin costo estatal, y que mejorará el poder de compra de los jubilados.
Pero para muchos analistas, es un gesto político anticipado: un “plan platita renovado” para seducir al electorado mayor, muy sensible al alza de precios y la erosión de sus ingresos.
4. Tensiones y contradicciones
a) Coherencia económica puesta en jaque
Con discursos de austeridad y recortes, lanzar descuentos masivos contradice la lógica de ajuste. Si el gobierno no puede financiar estos beneficios, dependerá de mecanismos indirectos o presiones sobre los comercios o bancos.
b) Riesgo de dependencia externa
Si la esperanza radial del rescate de EE. UU. se incumple o se condiciona, las nuevas medidas sociales pueden volverse frágiles o insostenibles.
c) Reacción social y política
Los jubilados, uno de los sectores más castigados por la inflación, reciben beneficios inmediatos, lo cual puede atenuar críticas. Pero también se pregunta: ¿cuánto alivio real representa frente a pérdida acumulada de ingresos?
d) Credibilidad e imagen
El oficialismo, que hasta hace poco rechazaba los “planes platita”, hoy los usa. Esa contradicción puede erosionar su coherencia frente al electorado propio.
En pocas semanas, el gobierno de Javier Milei ha transitado un viraje estratégico: negociación internacional, control covert del mercado de cambios y beneficios sociales de campaña. Mientras el respaldo externo —EE. UU.— actúa como salvavidas condicionado, el circuito interno se estrangula a través de restricciones digitales, al mismo tiempo que se prepara una jugada electoral hacia un electorado castigado.
Es una apuesta de alto riesgo: obtener respaldo parlamentario para sostener reformas, equilibrar cuentas externas y evitar revueltas sociales. Si no logra articular esos objetivos antes de octubre, las medidas pueden quedar como símbolos vacíos.





