El Gobierno mete presión: Consejo de Mayo impulsa las reformas laboral y tributaria antes del recambio legislativo
El Ejecutivo nacional dio un paso al frente: este miércoles, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió en la Casa Rosada a los miembros del Consejo de Mayo con el objetivo de cerrar los últimos detalles de los proyectos de reforma laboral y tributaria, que La Libertad Avanza planea enviar al Congreso en las sesiones extraordinarias que comenzarán después del 15 de diciembre.
La reunión marca un momento clave en la hoja de ruta del oficialismo: tras la designación de nuevos ministros, el Gobierno apunta a avanzar con una agenda económica ambiciosa que incluye no solo reformas laborales, sino también ajustes impositivos y la aprobación del presupuesto para 2026.
Ejes centrales de la reforma laboral
Según lo que circula entre los borradores, la reforma laboral que impulsa el Gobierno busca redefinir las relaciones laborales a través de varios cambios significativos. Entre los puntos centrales aparecen: la “prelación” (donde los convenios por empresa prevalecerían sobre los convenios por rama), la eliminación de la “ultractividad” de los convenios colectivos, y modificaciones al régimen indemnizatorio. Además, el proyecto contempla regulaciones distintas para nuevas formas de empleo —plataformas digitales, trabajadores autónomos— y excluye del alcance del régimen tradicional algunos sectores como empleados públicos, trabajo agrario y servicios a domicilio.
Este planteo busca, según los funcionarios, fomentar la formalización laboral, flexibilizar la contratación y modernizar normas que —argumentan— se volvieron rígidas y desactualizadas respecto al contexto actual.
Tensiones internas: críticas sindicales y escepticismo empresario
Pero el camino no está exento de obstáculos. En la última reunión del Consejo de Mayo, la representación sindical —a través de CGT vía su delegado en la mesa— endureció su postura: rechazó varios de los puntos clave de la reforma, aduciendo que implican “retrocesos laborales” y una precarización del empleo. Por su parte, algunos sectores empresariales y partes del gabinete presionan para cerrar de forma rápida un acuerdo que permita lanzar las reformas lo antes posible, aprovechando el recambio legislativo.
Este desencuentro llevó al oficialismo a considerar la posibilidad de avanzar incluso con un “texto propio” en caso de que no haya consenso —algo que generó malestar en quienes esperaban un debate más participativo y negociado.
Plazo ajustado y urgencia legislativa
El calendario político acelera: según fuentes oficiales, el informe final del Consejo de Mayo se presentará antes del 9 de diciembre —anticipándose al plan inicial que lo ubicaba para el 15 — con la esperanza de que las reformas estén listas para su tratamiento una vez que el nuevo Congreso inicie sesiones extraordinarias en diciembre. Esto pone presión sobre los distintos actores políticos, sindicales y económicos: se deberá definir en pocas semanas qué contenidos se aprueban, cuáles se negocian, y qué será sometido al debate parlamentario.
Para el Gobierno, las reformas representan un pilar central de su plan económico: relanzar la productividad, atraer inversiones, ajustar el esquema laboral y tributario, y dar señales de apertura para inversores y mercados. Pero para otros sectores, implican una transformación profunda cuyo impacto podría sentirse rápidamente sobre los derechos laborales, las condiciones de empleo y la distribución del ingreso.
Qué se juega en estas semanas
Lo que se resuelva en estas semanas puede definir no solo el rumbo económico 2026, sino la relación entre Estado, sindicatos, empresarios y trabajadores por mucho tiempo. Si las reformas avanzan —con o sin consenso—, podría inaugurar un ciclo de cambios estructurales; si se frena la negociación, la Casa Rosada podría perder capital político y credibilidad para su plan de reformas.
En un contexto de cambios en el gabinete, tensiones internas y expectativa social, el desenlace está abierto. El tratamiento en sesiones extraordinarias será la prueba de fuego para ver si esa “modernización” logra respaldo suficiente para convertirse en ley.
