El Gobierno impulsa un proyecto de “libertad educativa” para derogar la Ley de Educación Nacional
El Ejecutivo nacional prepara un proyecto para promover lo que denomina “libertad educativa”, que incluye la derogación total de la Ley de Educación Nacional vigente desde 2006. La iniciativa abre la puerta a cambios profundos en la estructura del sistema educativo, con un fuerte giro hacia el modelo privado y la participación de “organismos no estatales” en la provisión de la enseñanza.
La propuesta busca garantizar que las familias puedan elegir cómo y dónde educar a sus hijos, ya sea mediante escuelas privadas, instituciones religiosas o incluso a través del homeschooling. Además, se plantea que el Estado actúe más como regulador que como proveedor directo, reduciendo su rol en la gestión operativa de los establecimientos educativos.
Otro punto central de la iniciativa es la financiación: el proyecto prevé mecanismos para que fondos públicos acompañen a estudiantes que asistan a escuelas privadas o no estatales. Según lo que circula, se evaluaría un sistema de vouchers educativos o similares para canalizar recursos hacia diferentes tipos de instituciones.
Además, el plan oficial propone flexibilizar los requisitos para certificar instituciones educativas: podrían crearse nuevas escuelas más fácilmente, con menos barreras de regulación. Esto generó ya críticas porque, según algunos opositores, podría provocar una proliferación de colegios de baja calidad o con control mínimo estatal.
En cuanto al contenido curricular, la iniciativa oficial permitiría una mayor diversidad pedagógica: se contemplan modelos educativos alternativos y una menor intervención docente desde el Estado, lo que podría modificar los estándares nacionales de evaluación y formación docente.
Los defensores de la reforma argumentan que la “libertad educativa” es una forma clave de mejorar la calidad al promover la competencia entre instituciones y dar más opciones a las familias. También aseguran que flexibilizar el sistema estatal podría reducir costos para el Estado y aumentar la eficiencia.
Pero el proyecto ya enfrenta fuertes críticas. Desde sectores sindicales, gremios docentes y organizaciones por la educación pública advierten que derogar la Ley de Educación Nacional significaría un retroceso significativo en el derecho a una educación pública universal y de calidad. Temen que la medida favorezca la desigualdad, ya que no todas las familias podrían acceder efectivamente a las alternativas privadas o no estatales.
Además, algunos expertos señalan que el uso de recursos públicos para subsidiar matrículas privadas podría debilitar aún más a las escuelas estatales, que perderían volumen de alumnos y, por lo tanto, financiamiento. También plantean preocupaciones sobre cómo se garantizaría la rendición de cuentas por parte de las instituciones no estatales.
Desde el punto de vista político, este proyecto representa uno de los ejes más ambiciosos y divisivos de la agenda gubernamental: no solo transforma la forma en que funcionan las escuelas, sino que redefine el papel del Estado en la educación. Dependiendo del resultado legislativo, podría marcar una fractura importante entre quienes defienden una educación pública fuerte y quienes promueven un modelo más liberalizado.
La discusión está en sus primeras fases, y aún no hay consenso sobre muchos puntos clave: cómo se implementarán los subsidios, cuál será el rol de la nueva supervisión estatal, y qué instrumentos legales regularán las nuevas instituciones educativas. Será un debate complejo en el Congreso, y también un tema central para la opinión pública y las organizaciones de la sociedad civil.
