El Gobierno nacional logró este jueves 12 de febrero de 2026 que la Cámara de Diputados de la Nación otorgue media sanción al proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil que contempla, entre sus principales cambios, fijar la edad de imputabilidad penal en los 14 años (actualmente era de 16). La votación se produjo en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo y tras intensos debates y negociaciones con distintos bloques políticos.
La iniciativa forma parte de una reforma más amplia al sistema penal juvenil argentino, que busca introducir cambios normativos destinados a endurecer las respuestas del Estado frente a delitos graves cometidos por adolescentes, y fue impulsada por el Ejecutivo como un eje de su agenda de seguridad pública.
En el debate parlamentario, el oficialismo —con apoyo de algunos bloques aliados— consiguió reunir los votos necesarios para avanzar con la modificación, pese a que sectores de la oposición y organizaciones de defensa de los derechos de la niñez expresaron objeciones sobre los posibles efectos y el enfoque punitivo de la propuesta.
El texto aprobado establece que los adolescentes a partir de los 14 años podrán responder penalmente por delitos graves, en una línea normativa más estricta que la vigente hasta ahora, en la que se consideraba a los menores de 16 años como inimputables y sujetos del régimen de responsabilidad penal juvenil con criterios más restaurativos.
Los defensores de la iniciativa sostienen que el cambio responde a una demanda social creciente por mayor seguridad y mecanismos jurídicos adaptados a problemáticas delictivas complejas que involucran a adolescentes, mientras que críticos advierten que la baja de la edad de imputabilidad puede tener implicancias graves en derechos de la infancia y adolescencia y que no necesariamente aborda las causas estructurales de la inseguridad.
Con la media sanción en Diputados, el proyecto ahora se envía al Senado de la Nación para su tratamiento, donde deberá obtener la aprobación final antes de convertirse en ley. La discusión en la Cámara alta plantea un nuevo escenario de negociación política e institucional, dado que algunos sectores buscan introducir modificaciones o condicionamientos al texto, mientras otros impulsan avanzar con urgencia en su sanción definitiva.
La aprobación de esta norma constituye un punto central de la agenda de seguridad pública del Gobierno, y sus debates reflejan las tensiones existentes entre respuestas punitivas, estándares internacionales de derechos humanos y enfoques socioeducativos en la política criminal argentina.
