Un fuerte conflicto laboral se desató en torno al servicio de seguridad del Hospital Enrique Vera Barros, en la provincia de La Rioja, luego de que el gremio del sector denunciara una presunta maniobra fraudulenta que habría dejado sin trabajo a cerca de 50 vigiladores. La situación generó protestas y reclamos frente al centro de salud, mientras los trabajadores afectados exigen una solución que garantice su reincorporación o el pago de las indemnizaciones correspondientes.
La denuncia fue impulsada por la Unión del Personal de Seguridad Privada y Afines de la Argentina (UPSAP), que sostiene que la situación se originó tras un cambio en la empresa encargada del servicio de vigilancia en el hospital. Según el sindicato, el proceso se habría desarrollado a partir de una serie de decisiones administrativas y empresariales que derivaron en la pérdida de los puestos laborales de decenas de empleados que prestaban servicios desde hacía años en el establecimiento sanitario.
De acuerdo con el relato de representantes gremiales, el conflicto comenzó en octubre del año pasado cuando el hospital inició una licitación pública para contratar una nueva empresa de seguridad. En ese proceso resultó adjudicada una firma proveniente de la provincia de Tucumán, identificada como Omega, que reemplazó a la empresa anterior que prestaba el servicio en el hospital, llamada Prevenir.
Según denunciaron los trabajadores, durante esa transición se habría presionado al personal para que renunciara a sus puestos en la empresa original con la promesa de ser incorporados por la nueva firma adjudicataria. La advertencia que recibieron, según los testimonios difundidos por el gremio, era que quienes no renunciaran a su antigüedad laboral no podrían continuar trabajando bajo la nueva contratación del servicio.
El problema, señalan los denunciantes, se agravó meses después cuando el hospital decidió dar de baja el contrato con la empresa Omega. Como consecuencia de esa decisión administrativa, los trabajadores que habían presentado su renuncia quedaron sin empleo y sin posibilidad de reclamar indemnizaciones, ya que legalmente habían dejado sus puestos de manera voluntaria.
Para los representantes sindicales, esa secuencia constituye una maniobra destinada a evitar el pago de compensaciones laborales millonarias. Según estimaciones difundidas por el gremio, cada trabajador podría haber tenido derecho a una indemnización cercana a los 25 millones de pesos por antigüedad, lo que en conjunto representaría una cifra superior a los mil millones de pesos.
El impacto social del conflicto también fue destacado por los delegados del sector. Muchos de los trabajadores afectados contaban con más de una década de servicio en el hospital, e incluso algunos acumulaban entre diez y dieciocho años de antigüedad desempeñando tareas de vigilancia en el establecimiento público. La pérdida del empleo, sostienen, afecta directamente a decenas de familias que dependían de esos ingresos.
En medio del conflicto, los trabajadores iniciaron medidas de protesta y acampes en las inmediaciones del hospital para visibilizar su situación y reclamar la intervención de las autoridades laborales. El objetivo es que la Secretaría de Trabajo provincial convoque a audiencias de conciliación que permitan encontrar una salida institucional al conflicto, ya sea mediante la reincorporación del personal o el reconocimiento de los derechos laborales reclamados.
Mientras tanto, el caso continúa generando repercusiones en el ámbito político y sindical de La Rioja. Los denunciantes reclaman que se investigue la licitación del servicio de seguridad y el rol de las empresas involucradas, al tiempo que exigen que el Estado provincial intervenga para garantizar transparencia en los procesos de contratación pública y proteger los derechos laborales de los trabajadores afectados.
